Algodonera Avellaneda quedó sin ofertas y enfrenta una definición judicial que pone en juego a 300 familias
Algodonera Avellaneda llega a una nueva instancia crítica: sin compradores, con una deuda millonaria y con una planta que funciona parcialmente. La próxima resolución del juez Lorenzini será clave para saber si la empresa logra mantener algún nivel de actividad o ingresa definitivamente en una etapa de quiebra.
El proceso de salvataje de Algodonera Avellaneda terminó sin interesados en adquirir las acciones de la empresa, dejando a la firma frente a una nueva y decisiva instancia judicial. Vencido este lunes 5 de octubre el plazo para presentar ofertas, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, deberá resolver ahora si declara la quiebra o dispone una continuidad de la actividad bajo el esquema de “quiebra con continuidad”.
La falta de oferentes profundiza la incertidumbre que atraviesa desde hace casi dos años a la empresa perteneciente al grupo Vicentin. El procedimiento de cramdown había sido abierto con la expectativa de encontrar un inversor capaz de garantizar la continuidad productiva y evitar la quiebra, pero el plazo concluyó sin propuestas concretas.
En este escenario, alrededor de 200 trabajadores permanecen actualmente vinculados a la planta mediante contratos de fazón, que permiten mantener parcialmente la actividad industrial. Según explicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Textiles, Juan Carlos Bandeo, la empresa produce entre 350.000 y 400.000 kilos mensuales de tela e hilo, aproximadamente la mitad de su capacidad potencial.
Para los trabajadores que continúan en actividad, una eventual quiebra con continuidad podría evitar, al menos en lo inmediato, un cierre de la planta. “Ojalá que sea así por las 200 familias que están trabajando”, señaló Bandeo en diálogo con Radio HOY.
Sin embargo, el dirigente sindical puso el foco en una problemática que la continuidad productiva no resolvería: la situación de los aproximadamente 100 trabajadores que quedaron fuera de la empresa y llevan más de un año esperando una respuesta.
Un año de incertidumbre para los que quedaron afuera
Entre quienes quedaron desvinculados se encuentra Eberardo Pascualón, de 51 años, quien trabajó durante tres décadas en Algodonera Avellaneda. Se desempeñó en el área de control de calidad y llegó a ser jefe de turno.
Desde que dejó la empresa no tiene salario ni obra social. Para sostenerse realiza trabajos ocasionales y, una vez al mes, vende pollos a la parrilla. También recibe ayuda económica de su madre.
Su situación, según explicó Bandeo, refleja la realidad de buena parte de los trabajadores desvinculados. “La mayoría de la gente que está fuera tiene más de 50 años o 45 para arriba y más de 15 o 20 años metidos ahí adentro”, describió el dirigente.
La edad y la antigüedad laboral se convierten así en factores que dificultan una eventual reinserción en el mercado de trabajo, mientras la falta de una resolución definitiva prolonga la incertidumbre económica de las familias.
Una empresa con un pasivo millonario
La crisis de Algodonera Avellaneda se desarrolla sobre una estructura financiera profundamente deteriorada. La compañía arrastra un pasivo superior a los US$260 millones con el Banco Nación y acumula deudas posconcursales por más de $6.800 millones correspondientes a 2025 y 2026.
La firma ingresó en concurso preventivo en noviembre de 2024, después de atravesar dificultades que terminaron afectando de manera directa su capacidad productiva y laboral. Desde entonces, el expediente judicial pasó por distintas instancias en busca de una alternativa que permitiera evitar la liquidación de la empresa.
El salvataje dispuesto por Lorenzini representaba una de esas últimas alternativas: encontrar un interesado que adquiriera las acciones y asumiera el desafío de sostener la actividad. La ausencia de ofertas dejó nuevamente a la empresa al borde de una definición que puede resultar determinante para su futuro.
La decisión que ahora queda en manos del juez
Con el proceso de salvataje cerrado sin oferentes, Lorenzini deberá determinar los próximos pasos. Una declaración de quiebra implicaría abrir una nueva etapa judicial, mientras que una “quiebra con continuidad” podría permitir mantener operativa la planta y preservar parte de los puestos laborales mediante los contratos de fazón.
Pero incluso esta última alternativa tiene límites. La continuidad de la producción no garantiza por sí misma la recuperación integral de la empresa ni ofrece una solución para las aproximadamente 100 familias que quedaron fuera.
La decisión judicial, por lo tanto, no definirá solamente el destino de una empresa con décadas de trayectoria en la región. También determinará qué margen queda para sostener la actividad industrial, preservar los empleos actuales y encontrar una salida para quienes llevan más de un año esperando una respuesta.
