Universidades públicas reclaman a Milei que cumpla la ley de financiamiento
Con una nueva movilización en las calles y un proceso de apelaciones en marcha, el financiamiento de las universidades públicas vuelve a convertirse en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria.
Los rectores de las universidades nacionales volverán a ocupar el espacio público para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Justicia cuestionara la estrategia del Poder Ejecutivo de condicionar su puesta en vigencia a la identificación de recursos presupuestarios.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se concentrará este miércoles en Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento integral de una norma que fue aprobada por el Congreso en dos oportunidades.
El reclamo se produce después del fallo del juez Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo había promulgado la ley, pero supeditando su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento.
La decisión judicial vuelve a colocar en el centro de la discusión la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y las universidades públicas. Mientras el Gobierno sostiene su política de restricción del gasto y anticipa que continuará apelando judicialmente la norma, las autoridades universitarias sostienen que una ley sancionada por el Congreso no puede quedar paralizada mediante una decisión administrativa.
El Comité Ejecutivo del CIN se reunirá a las 14:30 para reiterar el pedido de «cumplimiento pleno y efectivo» de la legislación. El reclamo abarca no solamente la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, sino también la recomposición de las becas y del resto de los componentes contemplados en la normativa.
Una disputa que excede el presupuesto
El fallo de Cormick representa un nuevo capítulo de una disputa que dejó de ser exclusivamente presupuestaria y pasó a involucrar el alcance de las decisiones de los distintos poderes del Estado.
El magistrado hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el CIN, universidades nacionales y docentes, además de una demanda promovida por la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su resolución, cuestionó el mecanismo utilizado por el Gobierno para promulgar la ley y, al mismo tiempo, condicionar su aplicación a la existencia de partidas presupuestarias específicas.
Uno de los puntos analizados por el juez fue la situación presupuestaria del Estado nacional. El fallo señaló que durante 2024 y 2025 no existió una nueva ley de presupuesto aprobada para esos ejercicios, sino que continuaron vigentes partidas correspondientes al presupuesto de 2023, con posteriores modificaciones realizadas mediante decretos y decisiones administrativas.
El magistrado también tomó como referencia un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual el costo de implementar la Ley 27.795 durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado. Ese dato fue considerado al evaluar el argumento oficial referido a la imposibilidad presupuestaria de aplicar la normativa.
De esta manera, la discusión deja planteado un interrogante de fondo: si el Congreso aprueba una política de financiamiento y establece mecanismos para su implementación, ¿puede el Ejecutivo postergar su aplicación invocando restricciones presupuestarias?
El conflicto universitario vuelve a las calles
La tensión entre las universidades y el Gobierno tendrá otro capítulo el jueves 15 de octubre, cuando se concrete una nueva Marcha Federal Universitaria. La movilización tendrá como punto de concentración el Congreso de la Nación desde las 13:30 y coincidirá con una sesión especial convocada por sectores opositores en la Cámara de Diputados.
La protesta estará nuevamente centrada en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto en el que el Congreso comienza a debatir el presupuesto para 2027.
Allí aparece otra diferencia significativa. El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN calcula que el sistema necesita aproximadamente $11 billones para garantizar su funcionamiento durante el próximo año.
La brecha entre ambas cifras vuelve a exhibir el conflicto central: mientras el Gobierno busca mantener una política de fuerte control del gasto público, las universidades advierten que los recursos previstos no alcanzarían para sostener las necesidades salariales, académicas y de funcionamiento del sistema.
