La ampliación de poderes de la SIDE llega a la Justicia y reabre el debate sobre los límites del poder presidencial

La decisión del Poder Ejecutivo de modificar por decreto la Ley Nacional de Inteligencia comenzó a enfrentar un fuerte contrapeso institucional.

Diputados de la oposición presentaron una acción de amparo para frenar el DNU 941/2025, al que consideran inconstitucional por ampliar de manera sustancial las facultades de la SIDE sin intervención del Congreso y por habilitar atribuciones que rozan el ámbito penal y judicial.

La presentación fue impulsada por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, de Provincias Unidas. El eje central del reclamo es que el decreto no cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia” que exige la Constitución, especialmente en un contexto en el que el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar y debatir una reforma de alto impacto institucional.

El DNU cuestionado introduce cambios profundos en la Ley 25.520 y, entre otros puntos, habilita a agentes de inteligencia a realizar detenciones, una facultad históricamente reservada a las fuerzas de seguridad bajo orden judicial. Para los legisladores, este aspecto no solo vulnera el diseño legal vigente, sino que también rompe el equilibrio entre los poderes del Estado y debilita los mecanismos de control democrático sobre los organismos de inteligencia.

Desde una mirada más amplia, el conflicto expone una tensión recurrente en la gestión actual: el uso intensivo de decretos para avanzar sobre áreas sensibles del Estado. En este caso, la oposición advierte que el Ejecutivo no solo evitó el debate parlamentario, sino que además avanzó sobre materias expresamente vedadas para los DNU, como las de carácter penal y procesal penal.

El amparo también incorpora un enfoque de derechos humanos, al señalar una presunta violación tanto de la Constitución Nacional como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La referencia no es menor: sugiere que la ampliación de facultades de la SIDE podría afectar garantías básicas, como la libertad personal y el debido proceso, en un área históricamente opaca y poco transparente.

Más allá del desenlace judicial, la presentación marca un límite político. La oposición busca instalar que la discusión sobre inteligencia no puede resolverse por vía de urgencia ni mediante decisiones unilaterales del Ejecutivo. En ese sentido, el caso se perfila como una prueba clave sobre hasta dónde puede avanzar el Gobierno con reformas estructurales sin pasar por el Congreso y qué rol está dispuesto a asumir el Poder Judicial como árbitro de ese conflicto institucional.