La Casa Rosada vuelve a buscar apoyo provincial para destrabar la reforma laboral en el Congreso
La reactivación de las negociaciones revela que, más allá de su retórica confrontativa, el Gobierno reconoce la necesidad de construir acuerdos para avanzar con su agenda estructural. La reforma laboral aparece así no solo como un debate sobre el mercado de trabajo, sino también como una prueba política para la capacidad del oficialismo de articular poder en un Congreso fragmentado y con gobernadores cada vez más exigentes.
El Gobierno nacional retomó las conversaciones con los gobernadores con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma laboral, una de las iniciativas centrales del programa político de Javier Milei.
Tras semanas de estancamiento legislativo, la estrategia oficial vuelve a apoyarse en la negociación territorial y en el diálogo directo con las provincias, en un contexto marcado por reclamos fiscales y tensiones políticas latentes.
El encargado de encabezar esta nueva etapa es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien iniciará una ronda de visitas que comenzará en Chubut y se extenderá a al menos diez provincias durante enero. El calendario apunta a llegar con acuerdos mínimos antes de la prórroga de las sesiones extraordinarias, prevista para principios de febrero, cuando el oficialismo buscará tratar el proyecto de “Modernización Laboral”.
La iniciativa es considerada prioritaria por el Presidente, que aspira a repetir el esquema de negociaciones que permitió aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó los contactos con el entramado legislativo que responde de manera directa a Javier y Karina Milei, con la intención de coordinar una ofensiva política simultánea en el Congreso y en las provincias.
Sin embargo, el escenario dista de ser sencillo. La primera parada de Santilli será Chubut, donde se reunirá con el gobernador Ignacio Torres, un aliado del PRO con una relación tensa con el Ejecutivo nacional. El reclamo por fondos previsionales retenidos —que la provincia evalúa llevar a la Corte Suprema— expone una de las principales dificultades del Gobierno: negociar apoyos legislativos mientras mantiene una política de ajuste que impacta de lleno en las cuentas provinciales.
Desde el Ministerio del Interior aseguran que escucharán las demandas locales y buscarán soluciones dentro de los márgenes que autorice el Ministerio de Economía. No obstante, el margen de maniobra es limitado y obliga al oficialismo a un delicado equilibrio entre sostener el discurso de austeridad y ofrecer incentivos políticos concretos para lograr consensos.
En paralelo, figuras clave como Patricia Bullrich y Martín Menem intensificarán el diálogo con los bloques aliados en Diputados y el Senado. El objetivo es reducir las resistencias internas y externas a un proyecto que genera reparos incluso entre sectores que acompañaron otras leyes del oficialismo.
