Juristas de la ONU denuncian el «imperialismo» de Trump en América Latina, acusándolo de desestabilizar gobiernos

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), una organización con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, ha levantado una severa advertencia sobre la política exterior de la administración de Donald Trump, calificándola de «imperialista» y de una regresión a las prácticas intervencionistas del siglo pasado.

Lejos de ser un simple comunicado, la declaración de la AAJ es un análisis crítico que desglosa una estrategia de injerencia que, según la organización, combina la coerción económica y militar con una sofisticada «guerra judicial», conocida como lawfare.

El comunicado de la AAJ no solo recuerda el historial de intervencionismo estadounidense en la región, sino que también contextualiza las recientes acciones de Trump como la reactivación de una «Doctrina Monroe» del siglo XXI.

El enfoque de esta política no se limita a las amenazas militares o los bloqueos económicos. Lo que llama la atención es la audacia con la que se ha instrumentalizado la justicia, tanto en Estados Unidos como en los países latinoamericanos.

El caso de Argentina es particularmente revelador. Las declaraciones del embajador designado por Trump, que admitió abiertamente su intención de influir en los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner y en el caso AMIA, son una evidencia directa de cómo la diplomacia se usa como un mecanismo de presión judicial.

La AAJ denuncia que esto no es solo una violación de la soberanía, sino también una admisión de la falta de independencia judicial en el país bajo la presión de una potencia extranjera. Este tipo de injerencia judicial busca, según la AAJ, neutralizar o desestabilizar a figuras políticas que Washington considera adversarias, sin necesidad de una intervención militar directa.

De manera similar, la imposición de aranceles a Brasil y las sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso contra Jair Bolsonaro, son interpretadas como un ataque frontal a la independencia del poder judicial. La AAJ y otras organizaciones de derechos humanos brasileñas lo califican como un intento de «golpe de Estado blando», un término que subraya la subversión de las instituciones democráticas desde dentro.

El comunicado también pone de relieve el doble estándar de la política exterior estadounidense, al contrastar la reactivación de operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela con las acusaciones no verificadas contra el presidente Nicolás Maduro, ofreciendo una recompensa millonaria por su captura.

Este enfoque, que la AAJ tilda de «patio trasero», demuestra una visión de la región como un territorio para explotar sus recursos y no como un socio soberano. La AAJ concluye que estas acciones no solo amenazan la estabilidad de la región, sino que también socavan los cimientos del derecho internacional y la soberanía de los pueblos latinoamericanos.