Indemnizaciones: el Gobierno ya armó el modelo para eliminarlas y reemplazarlas por un sistema tipo AFJP

El Gobierno de Javier Milei avanza con una medida que reconfigura radicalmente el sistema de indemnizaciones en Argentina. A través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya se formalizó un proyecto que busca eliminar el régimen tradicional de compensación por despido y reemplazarlo por un fondo de cese laboral cotizable en el mercado financiero, un esquema que remite directamente al fallido modelo de las AFJP.

Detrás del lenguaje técnico y los procedimientos regulatorios, la iniciativa esconde una peligrosa flexibilización laboral que podría desproteger a millones de trabajadores.

Según advirtieron abogados laboralistas y representantes sindicales, el nuevo mecanismo implicaría que los empleadores realicen aportes mensuales a fondos comunes de inversión (FCI) o fideicomisos financieros (FF), que luego serán utilizados para cubrir eventuales despidos. En lugar de calcular una indemnización según la antigüedad y otros conceptos establecidos por la ley, el monto a percibir dependerá del rendimiento de un producto financiero.

De la protección al “acto libre”

En palabras de Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA, este modelo “convierte al despido en un acto libre y sin consecuencias patrimoniales para el empleador”, lo que rompe el principio constitucional de protección contra el despido arbitrario. En los hechos, si esta reforma avanza, despedir se volverá barato y sencillo para las empresas, y profundamente incierto para los trabajadores.

En una línea similar, el abogado Luis Ramírez sostuvo que “es la máxima flexibilidad posible: los patrones podrán echar sin pagar nada más allá del aporte mensual. Eso deja al resto de los empleados bajo una amenaza constante, inhibidos de reclamar derechos o representatividad sindical”.

El proyecto del Ejecutivo está encuadrado en la Resolución General 1066/2025, que habilita una consulta pública no vinculante para implementar los Productos de Inversión Colectiva (PIC) de Cese Laboral. Aunque se presenta como una medida “moderna y eficiente”, especialistas del mundo laboral advierten que se trata de un negocio financiero disfrazado de reforma estructural. De hecho, será el capital financiero quien administre los fondos de despido, con todos los riesgos que eso implica para el trabajador.

Como si no bastara con la incertidumbre del monto final a cobrar, el sistema propuesto dejaría en manos de la negociación colectiva su aplicación. Sin embargo, muchos observan que el Gobierno podría avanzar por decreto si no consigue respaldo parlamentario, tal como ya hizo en otras áreas sensibles.

Un paso más hacia la desprotección laboral

Este intento de reformular las indemnizaciones no es un hecho aislado. Se inscribe en una ofensiva más amplia del gobierno de Milei para desarticular el andamiaje legal que protege a los trabajadores argentinos. Desde el primer día, el oficialismo ha promovido discursos contra los “privilegios laborales” y ha intentado instaurar una visión de “mercado libre del trabajo” en la que el costo del despido no sea un impedimento para las empresas.

Sin embargo, los costos humanos y sociales de esta reforma podrían ser altísimos: más despidos, mayor inestabilidad y un retroceso de décadas en materia de derechos laborales. Al eliminar el sistema de indemnización actual, se rompe un pilar del contrato laboral argentino, que reconoce al empleo como un vínculo con responsabilidades y consecuencias mutuas.

¿Un ensayo para una reforma más profunda?

Para los observadores más atentos, esta medida podría ser el antecedente de una reforma laboral integral, impulsada tras las elecciones legislativas de 2025, ya sea por ley o mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU). La instalación progresiva de este sistema actuaría como un caballo de Troya: primero como opción en paritarias, luego como imposición generalizada.

Por ahora, la CGT y las centrales sindicales aún no emitieron una postura formal, pero se espera un fuerte rechazo. Lo que está en juego no es solo la fórmula de un cálculo indemnizatorio: es el modelo de relación entre capital y trabajo en la Argentina del futuro. Y, una vez más, ese debate se libra sin consulta seria, con letra chica financiera y bajo la sombra de un Estado que, en lugar de proteger, parece ponerse del lado del mercado.