«Hay plata»: Javier Milei analiza actualizar los sueldos de la cúpula del Estado

Desde el entorno presidencial sostienen que la decisión responde a una fuerte licuación del poder adquisitivo de los salarios jerárquicos, que habría superado el 60% desde el inicio de la gestión.

Tras dos años de congelamiento salarial en la cima del Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei se encamina a firmar un decreto que habilitaría una recomposición de los ingresos de los principales funcionarios del Gobierno. La medida alcanzaría al Presidente, la Vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios, y sería oficializada en los primeros días de enero.

Además, argumentan que la falta de actualización generó dificultades para conformar y sostener equipos técnicos, debido a la marcada distancia entre los sueldos públicos y las remuneraciones del sector privado.

Según explican en Casa Rosada, el ajuste no implicaría un trato privilegiado: aseguran que la suba estaría alineada con los aumentos otorgados a los empleados estatales bajo el convenio SINEP. Sin embargo, el anuncio reabre una discusión sensible en un contexto de fuerte ajuste fiscal, caída del consumo y deterioro de los ingresos de amplios sectores de la sociedad.

Actualmente, los salarios brutos del Ejecutivo muestran cifras sensiblemente inferiores a las del Poder Legislativo: el Presidente percibe alrededor de 4 millones de pesos, un ministro 3,58 millones y un subsecretario cerca de 2,8 millones, mientras que un senador supera los 9 millones. Esta asimetría es uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar la recomposición.

El decreto fue elaborado por el núcleo más cercano al Presidente, integrado por Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La decisión de avanzar ahora no es casual: se produce luego de atravesado el calendario electoral y en línea con el compromiso asumido por Milei ante su gabinete de normalizar los salarios a partir de enero de 2026.

No obstante, el eventual aumento plantea un dilema político para una administración que construyó su identidad sobre el ajuste del gasto público y la crítica a la “casta”. Aunque el Gobierno insiste en que se trata de una corrección técnica y no de un privilegio, el impacto simbólico de mejorar los ingresos de la dirigencia en un escenario de ajuste generalizado podría tensar el discurso oficial y generar nuevas críticas desde la oposición y la opinión pública.