Gobernadores de Unión por la Patria se oponen a la reforma laboral y llaman a Diputados a rechazarla
Seis gobernadoresde Unión por la Patria —de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa— emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocaron a la Cámara de Diputados a votar en contra del proyecto.
El comunicado, difundido por Axel Kicillof, Gustavo Melella, Gildo Insfrán, Gerardo Zamora, Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto bajo el título “Trabajo, Federalismo y Desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, enfatiza que, si bien consideran necesaria una actualización de la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y productivos, esta no puede implicar “desmantelamiento de derechos conquistados” ni reducción de protecciones.
Críticas centrales a la reforma
Los mandatarios advierten que la propuesta, presentada como una “modernización”, podría:
►Debilitar derechos individuales y colectivos en un contexto de caída de la actividad económica, retracción del consumo y aumento del desempleo.
►Facilitar despidos, reducir estándares de protección y trasladar riesgos hacia los trabajadores.
►Permitir reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.
Reiteraron que no se oponen a cualquier cambio normativo, sino a este “paquete de cambios”, al que califican de consolidar la desprotección laboral. Según ellos, una modernización genuina debe basarse en más derechos, mayor formalización y diálogo social, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dimensión federal y económica
Los gobernadores calificaron la reforma como “profundamente antifederal”, señalando que afectaría a las economías regionales sin contemplar sus particularidades ni generar instancias de coordinación con las provincias.
En el cierre, enfatizaron la necesidad de modernizar la legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección, y llamaron a los legisladores a defender el sistema de derechos sociales y laborales.
