Cierra una conservera con más de 50 años de historia en Mendoza y deja a más de 135 familias sin trabajo

El caso deja en evidencia cómo una empresa con una larga trayectoria puede terminar paralizada cuando las dificultades financieras y los conflictos internos impiden sostener la actividad. Al mismo tiempo, muestra que las consecuencias de una crisis empresarial no se limitan a los propietarios o acreedores: recaen también sobre quienes dependen de un salario para sostener a sus familias.

Alisan SRL, la empresa de San Rafael que comercializaba conservas bajo la marca Mora, cesó definitivamente sus operaciones tras una profunda crisis financiera y un conflicto entre sus socios.

El cierre afecta a más de 35 trabajadores permanentes y deja sin nuevas contrataciones a más de 100 empleados temporarios. Ahora, el personal reclama el pago de salarios adeudados e indemnizaciones.

El cierre definitivo de Alisan SRL marca el final de más de medio siglo de actividad conservera en San Rafael y representa un nuevo golpe para el entramado agroindustrial del sur mendocino.

La empresa, reconocida por comercializar sus productos bajo la marca Mora, dejó de operar después de atravesar una prolongada crisis financiera, conflictos internos y un deterioro progresivo de sus instalaciones y capacidad productiva.

La decisión impacta directamente sobre más de 35 trabajadores que integraban la planta permanente. A ellos se suman más de 100 empleados temporarios que participaban de las campañas agrícolas y que ya no tendrán la posibilidad de renovar sus contratos. En total, más de 135 familias quedan afectadas por la desaparición de una fuente de empleo vinculada históricamente con la producción regional.

El desenlace no se produjo de manera repentina. Según los testimonios recogidos en el sector, las dificultades se profundizaron hacia fines del año pasado, cuando surgieron fuertes diferencias entre los principales socios de la firma, Pedro Pascual Sánchez y Mario Óscar Cianci. La disputa habría estado vinculada, entre otros aspectos, con la posibilidad de ingresar en un concurso preventivo de acreedores para afrontar las obligaciones financieras.

Las diferencias entre los propietarios terminaron agravando la situación de la compañía, que fue reduciendo progresivamente su actividad hasta llegar a la paralización de la producción a mediados de año. En ese proceso, también se denunciaron el abandono de las instalaciones y la venta de maquinaria necesaria para las tareas de elaboración y empaque, sin acuerdo previo entre los socios.

Una crisis financiera que terminó paralizando la producción

El deterioro de Alisan SRL quedó reflejado en sus compromisos financieros incumplidos. De acuerdo con los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) citados en el informe, la empresa acumuló cheques rechazados por un total de $1.805.783.652,25 en tres entidades financieras.

A ese pasivo se suma una deuda bancaria directa superior a los $3 millones, con atrasos que excedían los 90 días. Estos indicadores dan cuenta de las dificultades de la firma para responder a sus compromisos y sostener el funcionamiento de la actividad industrial.

La crisis financiera tuvo consecuencias sobre toda la estructura productiva. Sin recursos suficientes para mantener las operaciones y en medio de las disputas internas, la fábrica perdió capacidad para continuar trabajando con normalidad, hasta llegar a un escenario en el que la continuidad de la actividad dejó de ser viable.

El caso también expone la fragilidad de las empresas regionales cuando se combinan problemas de gestión, conflictos societarios y falta de financiamiento. En una actividad como la conservera, que depende de las temporadas agrícolas, la interrupción de las operaciones no solo afecta al personal permanente, sino también a quienes encuentran empleo durante los períodos de mayor producción.

Salarios impagos y pérdida de cobertura de salud

El impacto de la crisis se trasladó de manera directa a los trabajadores. Según los antecedentes del conflicto, los salarios comenzaron a pagarse de forma irregular, mediante cuotas semanales, hasta que las remuneraciones dejaron de abonarse.

A esta situación se sumó la interrupción de la cobertura de las obras sociales por la falta de aportes y contribuciones patronales, lo que profundizó la vulnerabilidad de los empleados y sus familias.

Durante agosto, los trabajadores realizaron protestas y movilizaciones frente a las instalaciones para reclamar respuestas y exigir el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recogidos, no obtuvieron soluciones por parte de los propietarios, con quienes se habrían interrumpido los canales de comunicación.

La combinación de salarios adeudados, pérdida de cobertura médica e incertidumbre sobre la continuidad laboral convirtió el conflicto empresarial en una problemática social que afecta a numerosas familias de San Rafael.

Tras confirmarse el cierre, los trabajadores comenzaron a impulsar acciones administrativas y judiciales para reclamar el pago de las indemnizaciones y de las obligaciones laborales pendientes.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de San Rafael brinda asistencia técnica al personal afectado. La organización está encabezada localmente por Ricardo Bertero, quien también conduce la CGT en esa ciudad.

Entre las medidas impulsadas se encuentran las presentaciones destinadas a obtener embargos y preservar los bienes que todavía pertenezcan a la empresa. El objetivo es evitar que la reducción de los activos disponibles dificulte aún más el cobro de las sumas reclamadas por los trabajadores.

No obstante, el resultado de esas gestiones dependerá de la situación patrimonial de la firma, de la identificación de los bienes que puedan responder por las deudas y de las resoluciones que adopten las autoridades judiciales y administrativas.

La incertidumbre continúa porque el cierre de la planta no implica que las obligaciones con los empleados hayan quedado resueltas. Por el contrario, abre una nueva etapa en la que las familias deberán esperar el avance de los procedimientos para conocer cuándo y en qué medida podrán recuperar los ingresos adeudados.

La desaparición de Alisan SRL representa mucho más que el cierre de un establecimiento industrial. Durante más de 50 años, la conservera formó parte de una actividad vinculada con las cosechas, el procesamiento de alimentos y la generación de empleo en el sur de Mendoza.

Su funcionamiento estaba relacionado con una cadena productiva que involucraba tanto a los trabajadores de la planta como a quienes dependían de las campañas agrícolas. Por eso, el cese de las operaciones también repercute sobre el empleo temporario y sobre las actividades económicas asociadas a la producción regional.