Fuerte ofensiva del Gobierno contra el régimen de indemnizaciones por despido
La posible eliminación de la indemnización por despido, en nombre de la eficiencia y la competitividad, amenaza con desbalancear aún más una ecuación que ya hoy favorece a los empleadores. Lo que está en discusión, en última instancia, no es solo un instrumento económico, sino el modelo de país que se quiere construir.
En una maniobra que pone en jaque décadas de conquistas laborales, el Gobierno nacional avanza con decisión en su objetivo de desmantelar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido.
El lanzamiento de los denominados Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs), formalizado mediante la Resolución General 1066/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), marca un punto de inflexión en la arquitectura de los derechos laborales en Argentina.
Bajo el argumento de “modernizar” el sistema y generar previsibilidad en los costos de desvinculación para las empresas, la administración de Javier Milei da un paso más hacia una reforma laboral estructural. El nuevo esquema, que prevé la creación de fondos de ahorro anticipado para cubrir eventuales despidos, sustituiría el régimen de indemnizaciones vigente desde hace más de medio siglo, transfiriendo el riesgo del despido a un mecanismo financiero prepagado.
¿Una herramienta de previsión o una desprotección encubierta?
Desde el oficialismo se intenta presentar a los PICs como un modelo innovador y previsional, pero en los hechos se trata de una estrategia para erosionar uno de los pilares históricos de la estabilidad laboral: la indemnización por antigüedad. Esta medida no solo implica una transformación técnica del sistema de cese laboral, sino que también altera la lógica protectoria que ha regido las relaciones laborales en Argentina desde la segunda mitad del siglo XX.
Los PICs podrán constituirse como Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), con regulaciones específicas y restricciones sobre el destino de sus inversiones. No obstante, el concepto central es claro: el trabajador ya no recibirá una compensación por despido en función de su antigüedad, sino que accederá a lo que haya sido previamente acumulado en estos fondos, independientemente de las causas de la desvinculación.
El impacto en el equilibrio laboral
El nuevo esquema, que aún se encuentra en etapa de consulta pública, plantea una serie de interrogantes críticos: ¿qué sucederá con los trabajadores que no acumulen lo suficiente en estos fondos?, ¿cómo se garantizará la equidad en sectores con alta rotación o informalidad?, ¿qué rol tendrán los sindicatos en un sistema que atomiza el riesgo laboral en lugar de negociarlo colectivamente?
Lo que está en juego no es solo un cambio administrativo, sino una redefinición del contrato social entre empleadores y trabajadores. Al eliminar la sanción económica al despido sin causa, el Estado desincentiva la estabilidad laboral y habilita un modelo más flexible —pero también más precario— de vínculo laboral.
Participación ciudadana o fachada institucional
El Gobierno ha instrumentado un proceso de “Elaboración Participativa de Normas” para recoger opiniones del sector privado, organizaciones gremiales y la ciudadanía. Sin embargo, los críticos advierten que este mecanismo no implica un compromiso real con el debate democrático, sino una formalidad institucional que busca legitimar una política ya decidida.
En un contexto de creciente conflictividad social y ajuste económico, la ofensiva contra el sistema indemnizatorio aparece como parte de una agenda de reformas regresivas que afectan directamente a los sectores más vulnerables del mercado laboral formal. La pregunta clave es si el Gobierno está dispuesto a enfrentar el costo político de desmontar un derecho tan arraigado, y si los gremios y organizaciones sociales lograrán articular una respuesta contundente frente a este avance.
