Federación aceitera critica reforma laboral del Gobierno por precarización y transferencia de recursos
El gremio calificó la iniciativa, que contiene casi doscientos artículos, como un ataque sistemático contra los derechos laborales colectivos e individuales, diseñado para fortalecer la posición empresarial en detrimento de la clase trabajadora argentina.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines ha expresado un rechazo categórico al nuevo proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
La organización sindical detalla que la reforma se estructura en tres niveles de afectación. Primero, denuncia una transferencia multimillonaria de recursos al sector privado mediante la creación de un Fondo de Asistencia Laboral.
Este fondo se financiaría con aportes que actualmente ingresan a la Administración Nacional de la Seguridad Social y con reducciones en las contribuciones patronales, lo que, según el gremio, desfinanciaría el sistema previsional en una cifra estimada entre dos mil y dos mil quinientos millones de dólares.
En segundo lugar, el proyecto es criticado por buscar el debilitamiento de la acción colectiva. La Federación sostiene que la reforma limita la negociación colectiva, fragmenta la representación sindical y restringe severamente el derecho de huelga, asambleas y congresos. Señalan la reinstalación, incluso agravada, de normativas previas declaradas inconstitucionales o derogadas por el Congreso.
El tercer nivel de ofensiva se centra en el disciplinamiento en los lugares de trabajo a través de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que flexibilizan la jornada y el descanso. La crítica principal apunta a la creación de un banco de horas, que implicaría en la práctica la eliminación del pago de horas extra, afectando la integridad psicofísica de los trabajadores.
La Federación considera que la narrativa oficial de que la reforma modernizará el mercado laboral y generará empleo es un disfraz. Recordaron el antecedente de la reforma parcial de dos mil veinticuatro, tras la cual, según sus datos, se perdieron cerca de trescientos mil puestos de trabajo registrado y cerraron centenares de unidades productivas, impactando negativamente a la industria nacional.
Finalmente, el gremio denuncia que el proyecto redefiniría actividades, incluyendo la aceitera y la desmotadora de algodón, como servicios esenciales o de importancia trascendental, exigiendo la prestación de un servicio mínimo que, según la Federación, se traduce en una prohibición de facto del derecho de huelga.
Ante esta situación, la Federación reafirma su compromiso de defender los derechos laborales, salariales, sindicales y democráticos, y anuncia que utilizará todas las herramientas constitucionales disponibles, destacando el ejercicio del derecho de huelga.
