Estafa $LIBRA: Javier y Karina Milei no se presentaron a la mediación por daños millonarios
El Presidente y su hermana evitaron una instancia clave en la demanda civil por la estafa con la criptomoneda $LIBRA. El reclamo asciende a 4,5 millones de dólares y anticipa un conflicto judicial de alto voltaje político y financiero.
El presidente Javier Milei y su hermana y asesora política Karina Milei no se presentaron este jueves a una audiencia de mediación por Zoom convocada como paso previo a una demanda civil por daños y perjuicios que asciende a 4,5 millones de dólares, en el marco del escándalo por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA.
Tampoco enviaron abogados, en una señal que podría leerse tanto como una estrategia legal como una subestimación del proceso judicial en ciernes.
La audiencia fue impulsada por el abogado Nicolás Oszust, quien representa a un grupo de 25 damnificados —tanto argentinos como extranjeros— que aseguran haber perdido sus inversiones tras una aparente maniobra de rug pull (un esquema de vaciamiento rápido de activos) que hizo colapsar el valor de la moneda virtual.
Además de los hermanos Milei, la citación alcanzaba al vocero presidencial Manuel Adorni y a tres empresarios cercanos al entorno libertario: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, señalados en la causa penal como los nexos entre el Gobierno y los desarrolladores internacionales de $LIBRA.
La instancia de mediación, obligatoria antes de iniciar una demanda civil formal según lo exige la ley argentina, se realizó ante un mediador inscripto en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, ninguno de los citados por el abogado Oszust optó por participar, ni siquiera para proponer un mediador alternativo, como habilita el procedimiento.
Un caso que se expande
La causa penal avanza en paralelo. En abril, la Cámara Federal de San Martín determinó que el expediente quede a cargo de la jueza federal María Servini, quien recientemente solicitó información financiera sobre las operaciones bancarias de Javier y Karina Milei, en busca de posibles vínculos con la operatoria de $LIBRA.
El epicentro del escándalo es el posteo realizado por Javier Milei el 14 de febrero, cuando desde sus redes sociales —aún en funciones como presidente— promocionó abiertamente la criptomoneda. Horas después, su valor se desplomó, afectando a cientos de pequeños y medianos inversores. La sospecha: que el respaldo del jefe de Estado formaba parte de una estrategia de manipulación del mercado.
Según fuentes judiciales, existen indicios de reuniones entre funcionarios y empresarios del ámbito cripto en locaciones oficiales como la Casa Rosada y sedes gubernamentales en la Ciudad de Buenos Aires, lo que agregaría gravedad institucional al caso.
Los empresarios señalados en la causa habrían sido los responsables de facilitar el contacto entre el entorno presidencial y los desarrolladores internacionales Hayden Davis y Julian Peh, fundadores del polémico proyecto cripto. Tanto Davis como Peh han sido denunciados en otros países por prácticas similares, aunque hasta el momento no hay extradiciones solicitadas ni acusaciones formales contra ellos en Argentina.
Implicancias políticas y jurídicas
La ausencia del presidente en la audiencia de mediación plantea un dilema jurídico y político. Por un lado, es legalmente válida, ya que no hay obligación de comparecer personalmente, pero estratégicamente arriesgada, dado que fortalece el camino hacia una demanda civil que podría escalar hacia un reclamo aún mayor por daños colectivos.
Para el abogado Oszust, esta falta de respuesta “refuerza la percepción de desprecio institucional” y “podría agravar la responsabilidad de los funcionarios involucrados”.
Este caso, que mezcla criptomonedas, estafa, y poder político al más alto nivel, podría convertirse en uno de los escándalos judiciales más relevantes del actual gobierno. No sólo por el volumen económico en disputa, sino por el precedente que podría sentar respecto de la responsabilidad civil y penal de los funcionarios públicos que promocionan inversiones financieras sin regulación clara.
La demanda formal, según adelantó Oszust, será presentada “en los próximos días”, mientras la investigación penal sigue sumando capítulos.
