Escenario del ajuste: los planes sociales crecen mientras se deterioran empleo y salarios
Aunque insuficientes para sacar a los hogares de la pobreza, la AUH y la Tarjeta Alimentar lograron contener el umbral de indigencia, consolidándose como uno de los principales factores de estabilidad social en un contexto de fuerte deterioro económico.
El inicio del gobierno de Javier Milei dejó una dinámica económica marcada por una fuerte contracción del empleo, los salarios y las jubilaciones, pero con una excepción relevante: las transferencias sociales destinadas a los sectores más vulnerables no solo resistieron el ajuste, sino que lograron mejorar en términos reales frente a la inflación.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar se consolidaron como las únicas partidas del gasto social que mostraron un crecimiento sostenido durante los dos primeros años de gestión libertaria.
Este dato introduce una tensión central en el relato oficial. Mientras el discurso insiste en la reducción del Estado y el combate contra el “asistencialismo”, los números del gasto público muestran que la política social directa se convirtió en uno de los pilares del modelo. El peor momento del poder adquisitivo de la AUH se registró en 2023, en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández, un antecedente clave para comprender tanto el giro electoral como la posterior recomposición de estos ingresos bajo la nueva administración.
De acuerdo con cifras oficiales, a fines de 2025 la AUH alcanza a más de 4,1 millones de titulares —incluidas personas con discapacidad— y la Tarjeta Alimentar llega a más de 2,5 millones de familias, cubriendo a más de 4,5 millones de niños. En conjunto, el esquema de asistencia supera los seis millones de beneficios, un volumen inédito que refleja una transformación estructural: la Argentina se aleja del histórico perfil de país de clase media y se aproxima a un modelo de mayor dependencia de transferencias estatales.
El contraste con el resto de las variables económicas es marcado. El salario mínimo perdió poder de compra de forma persistente y hoy se ubica muy por debajo del costo de la Canasta Básica Total, según estimaciones del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. A esto se suma la caída del empleo formal, con una pérdida acumulada cercana a los 180 mil puestos de trabajo en los dos primeros años de gobierno, acelerada en los últimos meses.
Este escenario ayuda a explicar uno de los rasgos políticos más significativos de la etapa inicial del mileísmo: la ausencia de un estallido social pese a la profundidad del ajuste. Lejos de desmantelar la asistencia, el Ejecutivo avanzó en una reconfiguración del sistema: redujo el rol de las organizaciones sociales como intermediarias y fortaleció las transferencias directas a los beneficiarios, lo que permitió sostener un piso de ingresos en los sectores más vulnerables.
El recorrido histórico refuerza esta lectura. La cantidad de planes sociales se expandió de manera sostenida a lo largo de los últimos gobiernos, desde los aproximadamente 250 mil existentes en 2015 hasta los más de cuatro millones alcanzados durante la pandemia. Bajo la gestión de Milei, ese volumen no solo se mantuvo, sino que se profundizó, aun sin un contexto de emergencia sanitaria.
En términos reales, la AUH muestra una mejora significativa: es hoy superior a la percibida durante las gestiones de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Parte de esta evolución se explica por aumentos extraordinarios que compensaron el impacto de la devaluación de diciembre de 2023, cuyos efectos negativos sobre los salarios aún no fueron revertidos. Así, la política social funcionó como un amortiguador frente al deterioro del ingreso laboral.
Las provincias también jugaron un rol clave en esta contención. En distritos como Santa Fe, la demanda de asistencia alimentaria creció con fuerza y obligó a reforzar programas locales, incrementando de manera sustancial la inversión social para atender a una población cada vez más afectada por la pérdida de empleo y poder adquisitivo.
El balance deja al descubierto una paradoja central del experimento libertario: mientras el ajuste recayó con dureza sobre el trabajo y las jubilaciones, la asistencia directa se preservó y ganó peso como herramienta de gobernabilidad.
