En seis meses de 2025 se duplicaron los ataques a trabajadores y jubilados respecto a todo 2024
En Argentina, la protesta siempre fue la herramienta de los que no tienen poder. Pero 2025 nos enfrenta a un dato escalofriante: en apenas seis meses, se duplicaron los hechos represivos registrados durante todo 2024. Más de 1.200 heridos y 130 detenidos son el saldo de una política que ya no se disfraza: el Gobierno decidió estatizar el miedo.
El informe de la Comisión Provincial por la Memoria no deja margen para la interpretación: más de la mitad de las manifestaciones fueron reprimidas. ¿El motivo? No es la circulación ni el tránsito. Es controlar el espacio público, disciplinar el conflicto, sembrar terror.
Lo que debería ser excepcional —el uso de la fuerza— se convirtió en regla. Los operativos despliegan hasta cinco fuerzas en simultáneo, con efectivos que superan en número a los manifestantes, como si los reclamos sociales fueran actos bélicos. Entre los heridos hay periodistas, jubilados, niños. Y casos como el del fotógrafo Pablo Grillo, que pasó 83 días en terapia intensiva tras recibir un proyectil en la cabeza, nos recuerdan que detrás de cada estadística hay vidas rotas.
El discurso oficial repite la palabra “libertad”, pero los datos cuentan otra historia: libertad para ajustar, represión para silenciar. En nombre del orden, se está dinamitando el Estado de Derecho. Cuando la respuesta al conflicto social es la violencia institucional, lo que está en juego no es solo el derecho a protestar: es la democracia misma.
Hoy la pregunta es urgente: ¿cuánto vale la libertad si protestar por un salario digno o por una jubilación justa te puede costar la vida?
En Argentina, protestar vuelve a ser peligroso. Y cuando la represión se normaliza, la democracia deja de ser un sistema para convertirse en una fachada.
