El Tribunal de Cuentas cuestionó el superávit de Llaryora y advirtió que Córdoba habría cerrado 2025 con déficit
El Tribunal de Cuentas, como órgano encargado del control externo de las cuentas públicas cordobesas, tiene entre sus funciones verificar que los recursos y gastos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se ajusten a las normas vigentes.
La discusión sobre la Cuenta 2025 queda así abierta: mientras el Gobierno provincial exhibió un resultado positivo como señal de orden fiscal, el organismo de control puso en cuestión la metodología contable utilizada y planteó un escenario financiero completamente diferente. La respuesta de la administración y las instancias posteriores determinarán cómo queda finalmente cerrada la rendición del ejercicio.
El organismo de control recomendó no aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2025 presentada por el Gobierno provincial. Puso en duda el resultado positivo de $592.000 millones y señaló criterios contables vinculados con operaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
La presentación de la Cuenta General del Ejercicio 2025 de la provincia de Córdoba quedó bajo observación del Tribunal de Cuentas, que recomendó no aprobar la rendición presentada por la administración de Martín Llaryora debido a una serie de reparos sobre la información contable y financiera.
El punto de mayor impacto político y económico está relacionado con el resultado fiscal informado por el Gobierno provincial. Mientras la administración de Llaryora comunicó un superávit de $592.000 millones, el organismo de control sostuvo que determinadas operaciones vinculadas con la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento fueron contabilizadas bajo criterios que modifican sustancialmente el resultado final.
Según el dictamen, las pérdidas generadas por diferencias de cambio e intereses asociados a la deuda pública habrían sido registradas como activos en lugar de computarse como gastos corrientes.
Ese criterio contable es determinante. Si se aplicara la metodología planteada por el Tribunal de Cuentas, el resultado del ejercicio 2025 no habría sido positivo, sino que habría terminado con un déficit de $444.986 millones.
La diferencia entre ambas cifras expone una fuerte controversia sobre la forma en que fueron contabilizadas determinadas operaciones y, en consecuencia, sobre la lectura que puede hacerse de las cuentas públicas provinciales.
El contraste entre el resultado presentado por el Ejecutivo y el cálculo alternativo del organismo de control alcanza una magnitud significativa: de un superávit de $592.000 millones se pasaría a un déficit cercano a $445.000 millones.
Más allá de la discusión política, el eje del planteo está puesto en los criterios utilizados para registrar determinadas operaciones financieras. El Tribunal de Cuentas cuestiona que pérdidas relacionadas con la evolución cambiaria y el costo de la deuda hayan sido incorporadas como activos, en lugar de reflejarse como erogaciones del período.
La observación abre así una discusión que excede el número final del resultado fiscal: también pone bajo análisis la metodología utilizada para construir ese resultado y la forma en que se presentan las obligaciones financieras de la provincia.
El dictamen no se limitó al resultado fiscal. El Tribunal de Cuentas también formuló observaciones relacionadas con la Caja de Jubilaciones, posibles incumplimientos de disposiciones constitucionales y aspectos vinculados con la transparencia de la documentación remitida por el Poder Ejecutivo.
Estos cuestionamientos deberán ser respondidos por la administración provincial dentro del procedimiento institucional correspondiente.
En este punto resulta importante distinguir entre una observación de un organismo de control y una decisión judicial. El dictamen no determina la existencia de un delito ni constituye una sentencia, sino que expresa la evaluación técnica e institucional del Tribunal de Cuentas sobre la rendición de las cuentas provinciales.
La Cuenta General del Ejercicio 2025 continuará ahora su recorrido administrativo e institucional. La gestión de Llaryora tendrá la posibilidad de presentar sus descargos y aportar documentación para responder a las observaciones formuladas.
El debate, sin embargo, ya introduce un elemento de peso en la discusión sobre las finanzas de Córdoba. La diferencia entre el superávit informado por el Ejecutivo y el déficit calculado bajo el criterio sostenido por el organismo de control obliga a revisar con especial atención cómo fueron registrados los movimientos vinculados con deuda, diferencias cambiarias y operaciones financieras.
