Causa ANDIS: detectan un desfasaje de $158.717 millones y vuelven a quedar bajo la lupa los controles del organismo
El dato central que deja el informe no es solamente el tamaño del desfasaje, sino la evidencia de un circuito administrativo con diferencias de información, obligaciones que no completaron los controles previstos y mecanismos excepcionales de contratación que continuaban siendo utilizados.
Un informe sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad hasta agosto de 2025 encontró una diferencia entre los registros de dos áreas clave. También cuestionó el uso del mecanismo de “legítimo abono” para cancelar prestaciones sin seguir los procedimientos ordinarios de contratación.
La auditoría realizada sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a poner el foco sobre el funcionamiento administrativo y financiero del organismo durante la gestión de Diego Spagnuolo.
El informe detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda exigible de dos áreas centrales.
El relevamiento fue realizado durante la intervención de la agencia y abarcó la situación existente hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que Spagnuolo fue desplazado de su cargo. El trabajo incluyó el análisis de pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipamiento, contratos, personal y declaraciones juradas.
El hallazgo más significativo surgió cuando los auditores solicitaron información sobre pagos y obligaciones pendientes a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), área encargada, entre otras funciones, de implementar programas como Incluir Salud.
Las cifras proporcionadas por ambas dependencias no coincidieron. La DNASS informó un nivel de deuda superior y de esa diferencia surgió el desfasaje millonario señalado en el informe.
Una deuda que no pasó por todos los controles
Uno de los aspectos más relevantes del hallazgo es que parte de las obligaciones detectadas no habría completado el circuito administrativo necesario para quedar formalmente registrada.
La propia auditoría advirtió, además, que los datos suministrados por la DNASS podían contener imprecisiones. Desde esa dependencia se señaló que tanto los montos como su clasificación podían haber sufrido modificaciones o errores involuntarios durante la carga de información realizada por los prestadores.
Esto introduce una cuestión central para el análisis: el desfasaje detectado no equivale, por sí mismo, a dinero faltante ni demuestra una maniobra ilícita.
Sí expone, en cambio, una diferencia de magnitud considerable entre los registros internos y problemas en los mecanismos de control y consolidación de las obligaciones del organismo.
La dimensión del monto, sin embargo, convierte la inconsistencia contable en un dato relevante dentro de una investigación que ya tiene bajo análisis el funcionamiento de distintas áreas de la ex ANDIS.
El informe también cuestionó la utilización de la figura denominada “legítimo abono”, un mecanismo que permite reconocer y pagar bienes o servicios que fueron efectivamente entregados o prestados pese a no haber atravesado previamente el procedimiento ordinario de contratación.
La auditoría sostuvo que la agencia continuaba utilizando este mecanismo al momento del relevamiento y señaló que solamente se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.
El punto es particularmente sensible porque la contratación estatal tiene como regla general la utilización de procedimientos formales, como licitaciones o concursos.
El legítimo abono aparece como una vía excepcional destinada a reconocer prestaciones ya realizadas, pero su utilización recurrente puede generar interrogantes sobre la planificación de las compras y los controles previos.
El informe no logró identificar individualmente todos los pagos efectuados bajo esta modalidad, por lo que la auditoría deja abierto un interrogante sobre la magnitud y composición de esas operaciones.
Casi $480.000 millones en medicamentos e insumos
Otro dato que surge del relevamiento es el volumen de recursos destinado a medicamentos e insumos.
Según la auditoría, entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, los prestadores vinculados con estos rubros recibieron aproximadamente $479.504 millones.
La cifra permite dimensionar el peso que tienen las contrataciones y pagos vinculados con prestaciones de salud dentro del presupuesto de la agencia y explica, en parte, por qué las diferencias en los registros de deuda adquieren especial relevancia.
El área DNASS, además, se encuentra bajo análisis en una causa judicial encabezada por el fiscal Franco Picardi, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones y posibles hechos de corrupción. Las hipótesis planteadas en esa investigación judicial deben ser diferenciadas de los hallazgos administrativos de la auditoría.
La aparición de una diferencia superior a $158.000 millones vuelve a poner bajo escrutinio la administración de los recursos destinados a discapacidad durante el período relevado.
La auditoría no establece por sí sola que ese monto haya sido desviado ni determina responsabilidades penales. Lo que sí deja asentado es una inconsistencia entre registros de deuda de áreas que deberían manejar información compatible, además de observaciones sobre mecanismos de contratación utilizados por el organismo.
El desafío para las autoridades será determinar de dónde surge exactamente la diferencia, qué obligaciones corresponden a prestaciones efectivamente realizadas, cuáles fueron incorporadas posteriormente al circuito administrativo y qué controles fallaron para que una suma de esa magnitud no apareciera registrada de manera uniforme.
En paralelo, la Justicia deberá establecer si las irregularidades administrativas detectadas tienen alguna relación con las presuntas maniobras que son objeto de investigación penal.
