El Gobierno traslada el ajuste a los hogares: las familias pagarán más luz que las empresas durante el verano
La medida, oficializada a través de la resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía, implica que entre noviembre y abril las familias afrontarán tarifas de entre 56.054 y 58.281 pesos por megavatio-hora (MWh), mientras que las industrias abonarán entre 47.310 y 51.633 pesos.
El Gobierno nacional dispuso un nuevo esquema tarifario que, por primera vez, hará que los usuarios residenciales paguen más por la electricidad que las empresas y comercios durante los meses de verano.
El cambio, que según la cartera energética busca “reflejar las fuentes reales de abastecimiento y reducir subsidios”, se traducirá en incrementos de entre 3,5% y 4% en las facturas de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que las grandes empresas verán subas menores —de hasta 2,2%— e incluso rebajas de hasta 10,3%, según su nivel de consumo.
La medida invierte la lógica tradicional del sistema tarifario argentino, que históricamente priorizaba la protección del usuario residencial frente al poder económico de las compañías. El argumento técnico del Gobierno es que los hogares se abastecen principalmente con energía proveniente de fuentes renovables y nucleares, cuyos costos se mantienen estables a lo largo del año, mientras que el sector productivo depende de la generación térmica, más barata en verano por la baja demanda de gas.
Sin embargo, el trasfondo económico y político de la decisión revela una orientación más amplia: continuar con el retiro del Estado en materia de subsidios, incluso a costa de encarecer los servicios básicos para la población. En nombre de la “competitividad” y la “eficiencia del mercado”, la nueva estructura tarifaria consolida una transferencia de costos desde el sector empresarial hacia los consumidores comunes, quienes ya cargan con la pérdida del poder adquisitivo y la suba generalizada de precios.
De esta manera, mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de “ordenar las cuentas públicas”, el ajuste vuelve a recaer sobre los hogares, profundizando la brecha entre el esfuerzo que se exige a la ciudadanía y los beneficios que reciben los grandes actores económicos.
