UnionBat: más de cien despedidos siguen sin cobrar, la fragilidad laboral e industrial en Gualeguaychú

A más de 45 días del cierre de la planta de UnionBat en Gualeguaychú, más de un centenar de trabajadores despedidos continúa sin percibir las indemnizaciones ni los salarios adeudados, una situación que transformó un conflicto empresarial en un nuevo síntoma de la crisis industrial que atraviesa la ciudad entrerriana.

La denuncia fue realizada por la CGT Regional Gualeguaychú y por el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP), que sostienen que la empresa incumplió los plazos legales previstos tanto para el pago de las indemnizaciones como para la cancelación de haberes atrasados.

El gremio químico informó que ya intimó formalmente a la compañía mediante telegrama laboral, otorgándole 48 horas para regularizar los pagos pendientes. Según explicó Martín Gómez, prosecretario gremial del SPIQYP, los plazos establecidos por la legislación laboral y por la conciliación obligatoria ya se encuentran vencidos.

UnionBat comunicó a fines de junio el cierre definitivo de su planta ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, decisión que implicó el despido de la totalidad del personal. Los sindicatos remarcan que entre los afectados hay trabajadores con entre 15 y 25 años de antigüedad, lo que agrava el impacto social del cierre en una ciudad que ya venía registrando despidos en otras empresas industriales.

La situación se tensó aún más luego de que concluyera el período de conciliación obligatoria sin que la firma presentara una propuesta concreta para resolver el conflicto. Para los gremios, la empresa utilizó esa instancia como una estrategia dilatoria y recién en la última audiencia admitió que no contaría con alternativas financieras ni productivas para sostener la actividad.

Críticas a la Secretaría de Trabajo

La CGT regional no solo responsabilizó a la empresa por la falta de pago, sino que también dirigió fuertes cuestionamientos hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación. La central obrera considera que el organismo mantuvo una actitud pasiva e insuficiente frente al conflicto.

Según denunciaron, la autoridad laboral no habría ejercido adecuadamente sus funciones de control, ya que no constató las irregularidades denunciadas ni avanzó con sanciones o multas contra la empresa por incumplimiento de sus obligaciones laborales.

Para la CGT, la mediación oficial terminó convertida en un procedimiento meramente burocrático, que prolongó el conflicto sin ofrecer soluciones efectivas y dejó a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad.

Los sindicatos exigen el pago inmediato de todas las indemnizaciones, conforme a los plazos previstos por la legislación laboral tras el cierre de la conciliación obligatoria. También reclaman la cancelación urgente de las quincenas adeudadas y la regularización de los aportes a la obra social y a la cobertura médica, que —según denuncian— fueron interrumpidos por la empresa.

Ante la falta de respuestas, la CGT Regional Gualeguaychú se declaró en estado de alerta y convocó a organizaciones políticas, sociales y productivas de la zona a respaldar el reclamo de los trabajadores afectados.

Un conflicto que excede a una empresa

Más allá del caso puntual de UnionBat, el conflicto refleja un problema más amplio: la pérdida de capacidad industrial y de empleo formal en economías regionales fuertemente dependientes de sus parques industriales. Desde el SPIQYP advirtieron que el cierre de fábricas y la destrucción de puestos de trabajo tienen un efecto directo sobre el comercio, los servicios y el consumo local.

El sindicato vinculó además la situación con un contexto económico caracterizado por recesión del mercado interno, aumento de costos y reducción de márgenes para la producción nacional, y sostuvo que el actual esquema económico favorece la especulación financiera por encima de la actividad industrial.

En ese marco, el caso UnionBat deja de ser únicamente una disputa por indemnizaciones impagas: se convierte en una señal de alerta sobre la debilidad de los mecanismos de protección laboral y el deterioro del entramado productivo de Gualeguaychú, donde cada cierre industrial multiplica sus efectos mucho más allá de las puertas de una fábrica.