Con la quiebra de ARSA, 550 trabajadores quedan en la calle y el Estado mira hacia otro lado
La quiebra de ARSA no solo simboliza la pérdida de 550 empleos, sino también el fracaso de los mecanismos de control del Estado y la impunidad con que algunos empresarios desmantelan industrias completas que alguna vez fueron emblemas nacionales.
La declaración de quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), productora de los tradicionales yogures y postres SanCor, no es solo el cierre de una empresa: es el desenlace de una larga cadena de irregularidades, desinversión y abandono institucional.
El fallo del Juzgado Comercial N°29, firmado el 30 de octubre por el juez Federico Güerri, oficializa la liquidación de la firma, dispone el bloqueo de sus cuentas, la inhibición de bienes y el cierre de las plantas de Arenaza y Córdoba. Con ello, más de 550 trabajadores pierden su fuente de ingreso sin indemnización ni contención social.
El caso de ARSA refleja un patrón cada vez más visible en la industria alimentaria argentina: compañías con marcas históricas terminan vaciadas por fondos de inversión o grupos empresarios con estrategias opacas, mientras las autoridades regulatorias y laborales actúan tarde o directamente no actúan. En este caso, la responsabilidad se reparte entre distintas gestiones empresariales, que incluyeron a los fondos vinculados al Vicentin Family Group y, posteriormente, a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, controlantes también de La Suipachense a través de Maralac S.A.
El colapso no fue imprevisto. Durante los últimos años, ARSA acumuló denuncias por sueldos impagos, falta de aportes previsionales y pagos en negro. Los trabajadores, muchos de ellos con más de dos décadas en la planta, sobrevivieron gracias a asistencia alimentaria del gremio Atilra y changas esporádicas, mientras la producción se reducía al mínimo.
Para los empleados, lo ocurrido constituye una “quiebra fraudulenta”: aseguran que nunca se presentó un concurso de acreedores formal y que los supuestos intentos de reordenamiento financiero solo sirvieron para ganar tiempo mientras se vaciaban los activos. La justicia fijó el 9 de febrero de 2026 como fecha límite para la presentación de créditos, pero el panorama es desolador.
El silencio político y empresarial que acompañó la caída de ARSA deja una señal inquietante para el futuro del sector. La Suipachense, otra de las empresas controladas por el mismo grupo, enfrenta un proceso de deterioro similar, sin que haya medidas preventivas visibles.
