El Gobierno negocia poder en el Senado con nuevos pliegos judiciales y proyectos sensibles

La sesión del jueves se perfila como mucho más que un trámite legislativo: será una muestra de cómo el Gobierno intenta sostener gobernabilidad en el Senado combinando negociaciones judiciales, acuerdos financieros y proyectos de alto impacto político en medio de un escenario parlamentario fragmentado y de creciente tensión institucional.

En medio de una compleja negociación política con sectores dialoguistas, el Gobierno nacional busca destrabar apoyos en el Senado mediante el envío de una nueva tanda de pliegos judiciales, en una estrategia que expone cómo la cobertura de vacantes en la Justicia se convirtió en una pieza clave dentro de las disputas parlamentarias y los acuerdos de gobernabilidad.

La Cámara alta sesionará este jueves para dar ingreso formal a una serie de postulaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales impulsadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, detrás del trámite institucional aparece una pulseada política más profunda: los bloques aliados y provinciales condicionan su respaldo a candidatos vinculados a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense a que primero se cubran vacantes judiciales en el interior del país.

La presión de senadores de la UCR, el PRO y espacios provinciales obligó al oficialismo a acelerar el envío de nuevos nombres para tribunales de provincias como Corrientes, Chaco, Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca. El reclamo refleja una disputa histórica dentro del Senado sobre el reparto territorial del poder judicial y la concentración de designaciones en los grandes centros urbanos.

Con una representación minoritaria en la Comisión de Acuerdos, La Libertad Avanza necesita construir consensos para avanzar con los dictámenes. El oficialismo apenas cuenta con cinco integrantes sobre un total de diecisiete, por lo que depende de negociaciones permanentes con aliados circunstanciales para sostener su agenda judicial.

En paralelo, el Senado abrirá nuevas audiencias públicas para evaluar a otros postulantes, entre los que aparecen familiares de figuras relevantes del ámbito judicial. La presencia de nombres vinculados a integrantes de la Corte Suprema y jueces federales vuelve a poner en discusión el peso de las relaciones internas dentro del sistema judicial y las críticas recurrentes sobre mecanismos de selección atravesados por vínculos políticos y corporativos.

Pero la sesión no estará enfocada únicamente en la Justicia. El oficialismo también intentará avanzar con proyectos de fuerte impacto político y económico. Uno de ellos autoriza al Gobierno a cerrar acuerdos millonarios con fondos buitres para evitar litigios internacionales que podrían afectar activos estratégicos del país, entre ellos acciones vinculadas a YPF.

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía busca habilitar pagos por más de 170 millones de dólares a grupos acreedores extranjeros. Desde el Gobierno sostienen que el acuerdo permitiría evitar juicios más costosos y reducir riesgos financieros, aunque sectores opositores cuestionan el costo político y económico de seguir resolviendo conflictos de deuda mediante negociaciones que vuelven a comprometer recursos públicos.

El Senado también tratará un proyecto orientado a regularizar la tenencia de armas de fuego y extender el programa de entrega voluntaria de armamento. La propuesta busca simplificar trámites para usuarios registrados y promover la entrega anónima de armas ilegales a cambio de incentivos económicos.

El debate se da en un contexto social atravesado por el crecimiento de la inseguridad y por discusiones cada vez más sensibles sobre el acceso a las armas, un tema que genera tensiones incluso dentro de los propios espacios políticos.