Escándalo en ANDIS: una auditoría detectó sobreprecios millonarios de hasta 4239%

En un contexto de ajuste fiscal y recortes en programas sociales, el escándalo adquiere además una dimensión política y social más profunda: mientras miles de personas con discapacidad enfrentan demoras, falta de prestaciones y dificultades de acceso a tratamientos, la Justicia investiga si parte de los recursos destinados a ese sistema terminaron alimentando circuitos de negocios irregulares dentro del propio Estado.

Una auditoría interna del Ministerio de Salud volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos públicos destinados al área de discapacidad, luego de detectar compras con sobreprecios que, en algunos casos, habrían superado el 4200% respecto de los valores de mercado.

El informe no sólo reveló presuntas irregularidades administrativas, sino también un entramado de vínculos entre exfuncionarios, empresarios y proveedores que ahora es investigado por la Justicia federal.

La causa, impulsada por el fiscal Franco Picardi, apunta a determinar si dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) funcionó un sistema organizado para direccionar contrataciones estatales y favorecer a determinadas empresas mediante licitaciones presuntamente manipuladas.

El relevamiento técnico comparó los montos pagados por el Estado con precios de referencia y concluyó que existieron diferencias “injustificables” en múltiples operaciones. Según el informe, los desvíos detectados no responden únicamente a errores administrativos aislados, sino que evidencian un patrón repetido de contrataciones con valores inflados y proveedores vinculados entre sí.

Entre las operaciones observadas aparecen compras de sillas de ruedas, prótesis y andadores con valores varias veces superiores a los habituales en el mercado. Algunos productos llegaron a facturarse con incrementos cercanos al 2000%, mientras que otros directamente exhibieron cifras consideradas “técnicamente indefendibles” por los auditores.

Uno de los casos más sensibles involucra la adquisición de válvulas cardíacas por más de $425 millones, pese a que otro organismo estatal había comprado el mismo equipamiento meses antes por un monto considerablemente menor. Para los investigadores, este tipo de diferencias refuerza la hipótesis de una estructura orientada a maximizar ganancias privadas a costa de recursos públicos destinados a sectores vulnerables.

La investigación judicial ya alcanza a casi medio centenar de personas, entre ellas empresarios y exdirectivos de la agencia. Uno de los nombres centrales es el del contador Osmar Mariano Caballi, vinculado a una de las firmas que más contrataciones recibió durante el período auditado. Según la causa, la empresa habría concentrado miles de millones de pesos en operaciones con el Estado.

El expediente también pone el foco sobre posibles maniobras para alterar el funcionamiento del sistema digital de licitaciones. La fiscalía sostiene que existieron mecanismos coordinados para garantizar la participación y adjudicación a proveedores específicos, incluso mediante acuerdos previos entre actores involucrados en las contrataciones.

Uno de los elementos más delicados de la investigación son los audios y mensajes incorporados a la causa, donde presuntamente se discutía cómo repartir negocios y definir qué empresas competirían en cada proceso. La Justicia ordenó peritajes para determinar la autenticidad de ese material, mientras continúan las declaraciones indagatorias.

Más allá de las responsabilidades individuales, el caso vuelve a abrir un debate estructural sobre los controles estatales y la transparencia en áreas especialmente sensibles como discapacidad y salud pública. La auditoría expone cómo la falta de supervisión efectiva y la concentración de decisiones en determinados sectores pueden transformar políticas destinadas a garantizar derechos en espacios vulnerables a maniobras de corrupción.