El Gobierno busca eliminar la “discriminación positiva” y la carátula de femicidio en el Código Penal
El proyecto, denominado Igualdad ante la Ley, incluye una serie de medidas que afectan diversas normativas y derechos vinculados a las minorías y la igualdad de género, incluyendo la eliminación de la carátula de femicidio contemplada en el Código Penal.
En el marco de una fuerte batalla cultural, el gobierno de Javier Milei avanza con el desarrollo de un controvertido proyecto de ley que buscará eliminar lo que consideran «discriminación positiva».
Una fuente cercana al despacho presidencial explicó que, bajo la premisa de que “el Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”, el Ejecutivo busca eliminar diversas leyes que establecen un trato diferencial ante la ley. “Es hora de dar igualdad ante la ley, sin distinciones”, sostuvo esta fuente.
El proyecto se encuentra en etapa de redacción por parte de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el equipo liderado por el asesor presidencial Santiago Caputo. La propuesta busca derogar la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), la Ley Micaela (Nº 27.499), el DNI no binario (Decreto 476/2021), la Ley de Paridad Electoral (Nº 27.412) y la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero (Nº 27.636), entre otras.
Un aspecto central de la propuesta es la eliminación de la carátula de femicidio en el Código Penal, que actualmente establece penas más severas para los homicidios cometidos por razones de género. Este cambio ha generado gran controversia, dado el alarmante aumento de los femicidios en Argentina, con 255 casos registrados en lo que va de 2024, lo que representa una víctima cada 29 horas.
“El Estado no puede seguir imponiendo un trato diferencial ante la ley. Es una locura que haya una pena mayor por un homicidio contra una mujer que la que hay contra un hombre”, argumentaron desde el entorno de Milei, alineándose con las declaraciones del presidente, quien previamente había cargado contra lo que denominó “feminismo radical” y la ideología “woke”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado a finales de noviembre la creación de esta norma, aunque sin brindar detalles específicos. A través de su cuenta de X, Adorni afirmó: “La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas”.
Aunque el tema ha generado un amplio rechazo en sectores de la oposición, el Gobierno mantiene su firme intención de avanzar con el proyecto. Según fuentes cercanas a la mesa chica de la Casa Rosada, el Ejecutivo tiene planeado llevar el debate al Congreso durante las sesiones ordinarias, y no descartan impulsarlo como parte de la campaña electoral legislativa para marcar la agenda política.
Sin embargo, desde el entorno de Milei se aclaró que el paquete legislativo no incluirá la derogación de otras normativas como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Nº 27.610) ni la Ley de Matrimonio Igualitario (Nº 26.618), dos leyes clave para los derechos reproductivos y de la comunidad LGTB+ en el país.
El proyecto, que promete generar un intenso debate en el Congreso, refleja la postura del gobierno de Milei de reformar lo que consideran políticas ideológicas en favor de un marco legal más «igualitario», aunque con una fuerte crítica a las políticas de identidad de género y a los mecanismos que, según el oficialismo, perpetúan las desigualdades.
