Denuncian a un legislador cordobés cercano a Agustín Laje por sus ataques al colectivo trans
El cuestionamiento a las políticas de diversidad forma parte de la discusión política y puede expresarse dentro de los límites legales. Sin embargo, ese debate no elimina la obligación de respetar los derechos y la dignidad de las personas, ni convierte automáticamente en inocua cualquier declaración por el solo hecho de provenir de un funcionario.
La escalada de declaraciones contra la comunidad trans llegó a los tribunales de Córdoba. La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) presentó una denuncia penal contra el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda para que se investiguen una serie de publicaciones y expresiones públicas realizadas entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, que podrían vulnerar normas destinadas a proteger los derechos de las personas trans.
El caso vuelve a poner en discusión los límites entre la libertad de expresión y los discursos que pueden contribuir a la estigmatización de colectivos históricamente discriminados. Hernández Maqueda, integrante del bloque Mejor Futuro y cercano al referente conservador Agustín Laje, ocupa una banca en la Legislatura cordobesa desde 2023 y tiene mandato hasta 2027. En los últimos meses, sus intervenciones públicas se orientaron a cuestionar políticas de diversidad y actividades vinculadas con las identidades de género.
La denuncia de ATTTA no se concentra en una declaración aislada. Por el contrario, reúne distintos episodios para que la Justicia determine si existe una conducta reiterada que excede la controversia política y afecta derechos reconocidos por la legislación nacional y provincial.
Los antecedentes que llegaron a la Justicia
Entre los hechos señalados figura un video del 29 de octubre de 2025, grabado frente a la Legislatura de Córdoba, en el que el legislador calificó de «degenerados» a organizadores del Congreso Nacional de Niñeces y Juventudes Trans. Según detalló a C5N la abogada Laura Britos, impulsora de la denuncia, también sostuvo que esas actividades «pudren y envenenan el cerebro y la mente» de los niños.
El escrito incorpora, además, declaraciones del 5 de noviembre de ese año, en las que Maqueda cuestionó la supuesta introducción de determinadas ideas en menores de edad. También menciona su participación en una manifestación frente al shopping Patio Olmos y publicaciones en redes sociales contra expresiones públicas de la comunidad LGBTIQ+.
La presentación incluye otros episodios de 2026, entre ellos el anuncio de un proyecto para prohibir encuentros vinculados con la diversidad en espacios públicos, que el legislador calificó de «aberración», y mensajes en redes sociales contra el denominado «wokismo» y la llamada «ideología de género».
Uno de los antecedentes más recientes está relacionado con las expresiones del legislador sobre Florencia de la V, en medio de una polémica generada por comentarios del periodista deportivo Daniel Avellaneda sobre su identidad de género. En un programa de streaming cordobés, Maqueda respaldó planteos que cuestionaban el reconocimiento de esa identidad y afirmó que no existía obligación de «mentir» sobre el «sexo biológico», además de referirse a la disforia de género.
Para ATTTA, la acumulación de estos episodios justifica que se analicen de manera conjunta y bajo el marco normativo que protege a las personas trans. Ahora será la Justicia la que deberá evaluar los hechos denunciados y determinar si existe responsabilidad penal.
El expediente abre un debate que no puede reducirse a una disputa entre dirigentes ni a una confrontación ideológica. Cuando un representante elegido por el voto popular utiliza expresiones descalificadoras contra una comunidad, resulta legítimo examinar el impacto público de sus palabras y la responsabilidad que implica ejercer una función institucional.
