El Gobierno avanza en la privatización de represas estratégicas y acelera la pérdida de recursos hídricos claves
La medida, oficializada mediante el decreto 564/2025, abre un concurso público nacional e internacional “competitivo y expeditivo” que deberá concretarse en los próximos 60 días, bajo la coordinación del Ministerio de Economía.
En una decisión que vuelve a poner en el centro del debate la soberanía energética, el Gobierno nacional autorizó la venta de las acciones de las hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, activos estratégicos que actualmente administra ENARSA.
Lejos de tratarse de un simple traspaso empresarial, la decisión implica ceder el control de infraestructura clave en la generación eléctrica y en la administración de recursos hídricos, un área que históricamente ha sido considerada estratégica para el desarrollo nacional. El esquema dispuesto habilita a que las actuales concesionarias —Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto— continúen operando hasta fines de 2025 si formalizan su adhesión en apenas cinco días hábiles, con condiciones contractuales que incluyen garantías mínimas de cumplimiento de apenas US$ 4,5 millones, una cifra irrisoria frente al valor de los activos involucrados.
El apuro del Ejecutivo, disfrazado de “agilidad” en la convocatoria, deja al descubierto una estrategia que prioriza la velocidad del proceso por sobre un debate público informado acerca de la conveniencia o no de desprenderse de empresas que manejan parte esencial del sistema energético. Aunque las concesionarias deberán seguir pagando regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén, la transferencia del control operativo y comercial limita la capacidad del Estado para intervenir en decisiones sobre tarifas, mantenimiento, inversión y manejo de cuencas.
La venta de estas represas no solo se produce en un contexto económico y fiscal crítico, sino también en medio de una política de privatizaciones que avanza sin un plan claro para garantizar la preservación de los recursos estratégicos. El riesgo no es menor: perder el control sobre infraestructura de esta magnitud implica condicionar durante décadas la política energética nacional, cediendo poder de decisión a actores cuyo objetivo principal es la rentabilidad, no la seguridad energética ni el desarrollo regional.
Más que una “oportunidad de inversión”, este proceso puede convertirse en un retroceso histórico en la administración de los recursos naturales, dejando al país con menos herramientas para enfrentar futuros desafíos energéticos y climáticos.
