El Gobierno acelera el ajuste en medios públicos: despidos masivos, horizonte de privatización y la amenaza del cierre
El Gobierno libertario avanza con una política de shock en el sistema de medios públicos. Tras designar a las nuevas autoridades del sector, la Casa Rosada dejó trascender que reducirá a la mitad las dotaciones de personal en Radio y Televisión Argentina (RTA), la TV Pública, Radio Nacional y la agencia Apesau (ex Télam).
El objetivo declarado: achicar lo que consideran un “esquema sobredimensionado”. El verdadero horizonte: la privatización total o incluso el cierre de medios estatales que no encuentren “alternativa”.
Los números anticipan la magnitud del ajuste. RTA, que agrupa a TV Pública y Radio Nacional, tiene más de 2200 empleados; la primera cuenta con unos 900 trabajadores y la segunda con 1169 distribuidos en todo el país. En todos los casos, el plan oficial apunta a reducir la plantilla a la mitad. Apesau, que administra la escasa pauta estatal sobreviviente, también sufrirá recortes.
El discurso oficial habla de “retiros voluntarios” como primera instancia, pero la experiencia reciente indica que esos procesos derivan en despidos forzosos cuando no se alcanzan las metas. Mientras tanto, el Gobierno vuelve a instalar la narrativa de la “ineficiencia estructural” para justificar lo que, en los hechos, es un vaciamiento acelerado del sistema público de comunicación.
El plan no se agota en los recortes: la posibilidad de privatizar o cerrar medios sigue sobre la mesa. La ex Contenidos Públicos, rebautizada como Contenidos Artísticos e Informativos SAU, aparece como candidata directa al cierre. Incluso señales emblemáticas como Paka Paka podrían ser absorbidas por otras áreas, privatizadas o simplemente eliminadas.
La designación de Carlos Curci —ex vocero de la Sociedad Rural— y Bárbara Pintelos en la Subsecretaría de Medios confirma la orientación ideológica: el nuevo timón busca alinear la política de comunicación estatal con el credo libertario de mínima intervención. El problema es que la discusión sobre “eficiencia” se da sin debate sobre el rol democrático de los medios públicos en un país federal y con alta concentración mediática privada.
Lo que está en juego no es solo un plan de ajuste, sino el derecho ciudadano a la información plural y la diversidad cultural que estos medios garantizan, especialmente en regiones donde son la única voz local. ¿Es el “achicamiento” sin planificación un camino a la modernización o una estrategia para desmantelar espacios incómodos para el poder? El Gobierno parece haber elegido la segunda opción.
