El cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda deja a 500 trabajadores sin empleo
El sindicato ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) advirtió que esta decisión es parte de un ajuste fiscal que afecta profundamente tanto al empleo como a la infraestructura básica del país.
En una nueva medida que ha generado controversia en el ámbito social y laboral, el Gobierno de Argentina anunció el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, lo que resultará en el despido de más de 500 trabajadores y pondrá en peligro miles de proyectos relacionados con la vivienda en todo el país.
Desde ATE, señalaron que el cierre de la Secretaría y la eliminación de programas emblemáticos como PROCREAR, FONAVI y Casa Propia representan un grave retroceso en el acceso a la vivienda y en la promoción de soluciones habitacionales para miles de familias argentinas. Además, denunciaron que el ajuste en el sector de hábitat y vivienda coincide con una crisis en la construcción que ya ha dejado un saldo negativo de 170.000 empleos directos perdidos y alrededor de 400.000 puestos indirectos en peligro. En total, se estima que medio millón de empleos en el sector podrían verse afectados si las medidas no se revierten.
El gremio advirtió que el cierre de la Secretaría y el recorte de fondos destinados a obras de infraestructura habitacional paralizaron ya 1.836 convenios en curso, lo que afecta directamente a 103.367 soluciones habitacionales que estaban en marcha. Además, señalaron que más de 2.000 empresas proveedoras de insumos para la construcción ya han quebrado debido a la falta de pago de los fondos por parte del Gobierno, lo que agrava aún más la crisis económica en la región.
La eliminación de proyectos internacionales financiados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BIRF) también ha generado preocupación, ya que estos programas eran fundamentales para la infraestructura básica y la regularización dominial en distintas provincias del país.
En un comunicado, ATE calificó estas medidas como parte de un «plan de desmantelamiento del Estado» que profundiza la crisis económica y social, vulnerando derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna. Además, el gremio convocó a movilizaciones en todo el país para exigir la inmediata revisión de estas decisiones y advirtió sobre los riesgos de un mayor deterioro de las condiciones laborales y sociales si no se revierten los ajustes en el sector.
La crisis en el sector de la construcción, alimentada por los recortes, afecta no solo a los trabajadores estatales, sino también a las familias que dependen de estos programas para acceder a una vivienda, en un contexto de creciente tensión social y económica.
