Chile promulga nueva Ley Antiterrorista para enfrentar el crimen organizado
Este martes, en un evento celebrado en el Palacio de La Moneda, el presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la nueva Ley Antiterrorista, una reforma clave en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el país.
Durante la ceremonia, el mandatario enfatizó que “Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia” y destacó que la nueva legislación actualizará las herramientas del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El acto estuvo acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra de Defensa, Maya Fernández; la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry; el ministro (s) de Justicia, Ernesto Muñoz; y altos mandos de Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes mostraron su apoyo a la medida.
Boric explicó que la nueva ley «pone al día las instituciones del Estado» y señaló que fue producto de un acuerdo transversal con distintos sectores políticos, lo que subraya la importancia de la unidad nacional frente a la amenaza del terrorismo. “El terrorismo es inaceptable en Chile y no podemos permitirlo ni relativizarlo. La seguridad de nuestros compatriotas es lo más importante”, agregó.
La nueva ley, que sustituye a la Ley 18.314 de 1984, creada durante la dictadura, está alineada con los estándares internacionales y se inspiró en legislaciones de países como España, Alemania y Estados Unidos. Esta reforma contempla un enfoque más moderno en la persecución penal y mejora la definición de los delitos terroristas, lo que facilitará su aplicación en el sistema judicial.
Entre las principales novedades de la nueva ley, se incluye la facultad del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por delitos terroristas, así como la obligación de proponer al presidente una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas. Además, se prevé un régimen de sanciones más estricto para quienes participen en asociaciones terroristas, con penas de prisión que varían según el grado de involucramiento, que van desde los 5 años hasta 15 años para los líderes, reclutadores y financistas de estas organizaciones.
La ley también incorpora técnicas de investigación especiales, como la interceptación de comunicaciones y el uso de agentes encubiertos, así como medidas de protección para jueces, fiscales y testigos, lo que fortalecerá las capacidades del sistema judicial en la lucha contra el crimen organizado.
El presidente Boric hizo un llamado a la unidad política, resaltando que «cuando se ven fisuras en estos temas es donde aprovecha el narcotráfico y el crimen organizado para meterse», subrayando que la fuerza de la ley debe ser respaldada por todos los sectores para garantizar su efectividad.
Con esta nueva legislación, el Gobierno de Boric busca dar un paso significativo en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, consolidando las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos y fortalecer las instituciones del Estado.
