El caso Cristina Kirchner escala al plano internacional: su defensa acudirá a la CIDH y lanza la campaña “Cristina Libre”
La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió dar un nuevo paso en el terreno judicial e internacional: según confirmó su abogado Gregorio Dalbón, se presentarán denuncias formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir la anulación del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó su condena en la causa Vialidad.
El letrado consideró que el proceso fue «ilegal, inconstitucional y arbitrario» y que se violaron garantías básicas del debido proceso.
La estrategia no solo apunta a revertir el fallo, sino también a instalar un relato internacional de persecución política, en línea con otros casos de líderes progresistas latinoamericanos —como Luiz Inácio “Lula” Da Silva— que fueron condenados, encarcelados y luego reivindicados por tribunales superiores o instancias supranacionales.
En este sentido, Dalbón anticipó el lanzamiento de una campaña bajo el lema “Cristina Libre”, en un intento de proyectar el caso argentino más allá de sus fronteras y generar presión diplomática.
Desde la defensa sostienen que la Corte Suprema no cumplió con pasos elementales del proceso: “Ni siquiera pidió el expediente para revisar el caso”, remarcó Dalbón, lo que —según argumenta— revela una actitud de desinterés jurídico y decisión política. La crítica apunta no solo al contenido del fallo, sino también a la forma exprés en que fue resuelto, sin un análisis del fondo de la cuestión.
La vía internacional elegida se ampara en el Pacto de San José de Costa Rica, tratado que —según Dalbón— da fuerza vinculante a las resoluciones de la CIDH desde 2020. Aunque este punto aún genera debates jurídicos en el país, la apelación a esta normativa refleja el objetivo político de internacionalizar la causa y posicionarla como un caso de lawfare en la región.
Este movimiento se produce en medio de una fuerte reacción militante: el peronismo convocó para este miércoles a la marcha “Argentina por Cristina”, en coincidencia con la presentación judicial de la exmandataria en los tribunales de Comodoro Py. La confluencia entre la movilización callejera y el reclamo internacional configura una ofensiva coordinada que combina presión popular, denuncia institucional y estrategia comunicacional.
En paralelo, el gobierno de Javier Milei ha tomado distancia del caso, reforzando el relato de independencia judicial, aunque sin desactivar las tensiones políticas que genera un fallo de tamaña magnitud. Mientras tanto, el Poder Judicial se enfrenta al desafío de sostener su legitimidad frente a una parte importante de la ciudadanía que considera que la condena no fue producto de un juicio justo, sino de una operación con motivaciones políticas.
El giro hacia la arena internacional muestra que el caso Cristina está lejos de clausurarse con una sentencia. Por el contrario, se perfila como un eje de conflicto regional, en el que se entrelazan disputas jurídicas, representaciones simbólicas y correlaciones de poder en un escenario donde la justicia y la política se cruzan cada vez con menos sutilezas.
