Día del Niño: la industria del juguete denuncia que la apertura de importaciones pone en riesgo la seguridad infantil

En la antesala del Día del Niño, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) encendió las alarmas por el impacto de la política de apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Según la entidad, el ingreso masivo de productos extranjeros no solo desplaza a la producción nacional, sino que también introduce en el mercado juguetes que podrían vulnerar la seguridad y la salud de los niños, en un contexto de controles fiscales y técnicos debilitados.

Los datos revelan una tendencia preocupante: entre enero y julio de 2025, las importaciones crecieron un 84% en valor y un 114% en volumen respecto al año anterior, alcanzando 13.752 toneladas. Además, la cantidad de empresas importadoras pasó de 314 a 565, y la mitad de ese volumen ingresó a precios inferiores a los 3 dólares por kilo, apenas por encima del valor de la materia prima.

Para la CAIJ, este tipo de operaciones “plantea riesgos para la seguridad infantil y la competencia leal”, ya que muchas de esas partidas provienen de proveedores que no cumplen con estándares básicos.

Si bien la industria reconoce una “leve mejora” en la actividad, atribuida principalmente al comercio electrónico y a eventos como “La Noche de las Jugueterías” (que registró un alza del 2,3% en ventas), el panorama sigue siendo frágil. El ticket promedio estimado para este año ronda los $22.000 en jugueterías de barrio y $45.000 en grandes cadenas, donde 8 de cada 10 productos son importados.

La preocupación central apunta a la flexibilización normativa dispuesta por el Ministerio de Desregulación, que ahora permite aceptar certificados y ensayos de seguridad emitidos en el exterior. Según el presidente de la CAIJ, Matías Furió, esta medida, sumada a la escasez de recursos para fiscalizar en un país de la magnitud territorial de Argentina, abre la puerta a que “mercaderías peligrosas para la salud” lleguen a los hogares sin controles efectivos.

“El interés superior del niño debe ser prioritario en toda decisión normativa. Denunciaremos ante la Justicia y la autoridad de aplicación a las empresas que presenten certificados falsos, porque el Código Penal sanciona este tipo de delitos”, advirtió.

La controversia expone un dilema más amplio: mientras el gobierno busca dinamizar el comercio con un mercado más abierto, la industria local alerta que el costo de esta liberalización podría pagarse en términos de empleo, competencia desleal y —lo más grave— con la exposición de niños a productos inseguros.

En el trasfondo, se debate si la política de desregulación avanza hacia una modernización productiva o si, por el contrario, erosiona la capacidad del Estado para proteger a los consumidores más vulnerables.