Despidos estatales: el ajuste golpea más fuerte a las mujeres

En nombre de la eficiencia, se están profundizando viejas desigualdades. Y eso tiene un costo: no solo económico, sino humano y estructural. Si el ajuste continúa sin perspectiva de género, será otro capítulo más en la larga historia de políticas que, en lugar de cerrar brechas, las ensanchan.

Mientras el Gobierno nacional profundiza su plan de ajuste sobre el Estado, un dato comienza a emerger entre las cifras y discursos oficiales: las mujeres son las principales víctimas de los despidos en el sector público.

Con el 54,8% de participación femenina en el empleo estatal —según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)—, los recortes no solo achican el Estado, también amplifican la desigualdad de género en el mercado laboral argentino.

La feminización del empleo público no es casual. El Estado ha sido históricamente un espacio de mayor inclusión, estabilidad y derechos para las trabajadoras, especialmente en áreas como salud, educación y desarrollo social, sectores tradicionalmente feminizados y hoy en la mira del recorte. La política de despidos masivos, congelamiento de vacantes y desarticulación de programas impacta con particular crudeza sobre quienes ya partían de una posición de mayor vulnerabilidad.

El falso mito del “Estado gigante”
El argumento oficial para justificar los despidos insiste en una presunta sobredimensión del Estado. Sin embargo, los datos desmienten el relato. Según un informe de la ONG Futuros Mejores, que cita estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo público en Argentina representa el 17,7% del total, por debajo del promedio de la OCDE (18%) y de países como Brasil, México, Chile, Reino Unido o España.

“En vez de un Estado elefante, lo que hay es un recorte que recae sobre los sectores con mayor presencia femenina, acentuando las brechas existentes”, concluye el informe.

Lejos de las comparaciones con socialdemocracias europeas —donde el empleo público representa hasta un 30% del total, como en Noruega o Suecia—, Argentina incluso queda por debajo del promedio de Estados Unidos si se considera la cobertura estatal en áreas básicas como salud y educación.

El ajuste con rostro de mujer
Especialistas en género advierten que detrás del número de despidos hay una estructura desigual: el recorte afecta mayormente a los sectores vinculados con el cuidado y el bienestar social, roles históricamente feminizados. Y mientras el Estado reduce su planta, el sector privado no absorbe esa mano de obra con la misma capacidad ni con las mismas condiciones.

En este contexto, el empleo informal se presenta como una “salida forzada”. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la informalidad laboral entre las mujeres alcanzó el 38,7% en 2024, creciendo por encima de la masculina. El impacto no se agota allí: también se profundizó la brecha salarial, que pasó del 21% al 27,8%, la más alta en seis años.

Estas cifras no solo hablan de desigualdad laboral, sino de un incremento directo en la pobreza, sobre todo entre las mujeres jóvenes y jefas de hogar.

Una deuda del sindicalismo
Aunque el golpe de las políticas de ajuste es evidente, la reacción sindical parece insuficiente en términos de perspectiva de género. Diversas organizaciones que trabajan en la intersección entre empleo y derechos de las mujeres advierten que la agenda gremial sigue centrada en la defensa genérica del trabajo, sin incorporar la mirada específica sobre cómo el ajuste castiga diferencialmente a las trabajadoras.

“No se trata solo de defender puestos. Se trata de entender cómo las políticas públicas impactan de forma desigual y actuar en consecuencia. La equidad de género debe ser una prioridad incluso —y especialmente— en tiempos de crisis”, señalan desde espacios de incidencia feminista.

Ajuste, desigualdad y futuro

La discusión sobre el rol del Estado y su tamaño es legítima. Pero reducirla a una cuestión contable ignora una dimensión crítica: las consecuencias sociales del ajuste. En este caso, el achique del empleo estatal significa también un retroceso en derechos conquistados, en igualdad de oportunidades y en condiciones dignas para millones de mujeres.