Desigualdad en ascenso y ajuste regresivo: la mitad más pobre de los argentinos accede a apenas el 20% del ingreso nacional

Un nuevo informe del Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) expone con crudeza el impacto del modelo económico aplicado por el gobierno de Javier Milei: mientras el 10% más rico del país concentra el 32,3% del ingreso nacional, el 50% más pobre accede solo al 20,6%.

Las cifras, lejos de ser meros datos estadísticos, revelan el núcleo de un proyecto que —según el propio análisis del CEFJA— profundiza la desigualdad estructural y precariza las condiciones de vida de la mayoría de la población.

El informe, titulado “Un año y medio del Gobierno de Milei: ajuste y regresiva reestructuración económico-social en la Argentina”, denuncia no solo una redistribución profundamente desigual del ingreso, sino también un proceso político y económico deliberado, que incluye endeudamiento externo, pérdida de soberanía nacional y disciplinamiento social mediante la pauperización de los trabajadores.

El economista Julio Gambina, director académico del CEFJA, sostuvo que “la aceleración del ajuste se manifiesta en el deterioro de los ingresos de la población trabajadora y en la manipulación del consenso social para legitimar una propuesta basada en el endeudamiento externo y la subordinación al FMI”.

Un país partido en dos

La Argentina de Milei parece consolidar un modelo de doble velocidad: mientras una élite económica se beneficia de la liberalización cambiaria, la desregulación y el achicamiento del Estado, amplias capas de la sociedad caen en la pobreza o la indigencia. La concentración del 32,3% de los ingresos en el 10% más rico no es solo un número alarmante: es una radiografía del fracaso distributivo de la política oficial.

El informe también pone el foco en el impacto del shock inflacionario de diciembre de 2023 y la recesión generalizada, factores que afectaron de forma directa a trabajadores con ingresos fijos, jubilados y beneficiarios de programas sociales. La combinación de inflación elevada con congelamiento de ingresos ha generado un proceso de licuación del salario real, con consecuencias devastadoras para millones de familias.

Deuda, FMI y pérdida de soberanía

Otro dato estructural es el crecimiento de la deuda externa, que ya alcanza los 466.921 millones de dólares, lo que representa el 83% del PBI. Más del 45% de ese stock está nominado en dólares, lo que refuerza la dependencia financiera del país y limita gravemente la autonomía para definir políticas públicas.

El documento advierte que esta relación de subordinación con los organismos internacionales —particularmente con el Fondo Monetario Internacional— condiciona la estrategia económica del país y debilita su soberanía. Esta situación configura, para el CEFJA, una de las consecuencias más graves del actual programa libertario.

Un ajuste contra los derechos

El diagnóstico del CEFJA no se limita a lo económico. También apunta a un avance contra las garantías constitucionales y los derechos laborales. En una reciente reunión de la Federación Judicial Argentina (FJA), se discutió el contenido de los decretos 340/25 y 342/25, que fueron calificados como inconstitucionales por los equipos jurídicos presentes. Para los especialistas, estas normas forman parte de una estrategia más amplia de vaciamiento del sistema sindical, desfinanciamiento del Estado y erosión del derecho de huelga.

Durante el encuentro, encabezado por el secretario general de la FJA, Matías Fachal, se advirtió sobre el uso abusivo de facultades delegadas del Congreso, en clara violación del artículo 76 de la Constitución Nacional. Según la FJA, el gobierno busca desarticular la resistencia sindical y disciplinar al movimiento obrero, elemento clave para consolidar su proyecto de ajuste.

Una radiografía de la desigualdad

El informe del CEFJA es más que una denuncia: es una alerta urgente sobre el rumbo económico y político que atraviesa la Argentina. En un país donde la mitad más pobre recibe apenas el 20% de los ingresos, mientras una minoría concentra más de un tercio de la riqueza nacional, la promesa de libertad queda reducida a una consigna vacía. Lo que se consolida, en cambio, es una estructura regresiva que institucionaliza la desigualdad y amenaza con destruir el tejido social.

La pregunta que queda abierta es si este modelo tiene futuro o si, por el contrario, las crecientes voces de alarma —tanto en los gremios como en los sectores académicos y judiciales— comenzarán a confluir en una resistencia capaz de frenar este proyecto de concentración económica y exclusión social.