Desguace del Estado: el Gobierno acelera despidos masivos antes del fin de las facultades delegadas

A menos de dos meses del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso, el Gobierno nacional se prepara para un aluvión de decretos que, según anticipan fuentes oficiales y sindicales, significarán un nuevo y profundo ajuste en el Estado.

Con la conducción de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y el respaldo directo del presidente Javier Milei, se ultiman detalles de un paquete de medidas que podrían derivar en miles de despidos adicionales, fusiones, disoluciones y cierres de organismos públicos.

El Ejecutivo avanza con lo que ha denominado “reformas de segunda generación”, una nueva etapa del proyecto libertario centrado en la reducción drástica del aparato estatal, bajo el argumento de combatir el “despilfarro histórico” y eliminar estructuras “superfluas”. En la práctica, esta cruzada significa ajustes profundos sobre el empleo público y una transformación radical del rol del Estado.

Según informó el propio Gobierno, desde diciembre de 2023 ya fueron despedidos 45.164 trabajadores y se eliminaron más de un tercio de los cargos jerárquicos. Sin embargo, lo que viene podría ser aún más severo: al menos una veintena de nuevos decretos están en preparación para ejecutarse antes del 8 de julio, fecha en la que expiran las facultades delegadas. “Vamos a ver 50 días bastante interesantes en el uso de esas facultades”, adelantó Sturzenegger, en una frase que encendió las alarmas en todo el espectro sindical y político.

Despidos y regresión de derechos laborales

La ofensiva desreguladora no se limita al organigrama estatal. En las últimas semanas, el Ejecutivo también avanzó en normativas que restringen el derecho a huelga y modifican los criterios para la elección de delegados gremiales, medidas que fueron leídas como un ataque directo al sindicalismo y al derecho colectivo de los trabajadores.

La intención de disciplinar el conflicto social es clara, en un contexto en el que crecen las tensiones laborales y las protestas por los despidos.

El impacto social de este modelo es preocupante. Los Decretos 344 al 347/2025, ya publicados, habilitaron la transformación o disolución de más de 40 organismos públicos.

El argumento oficial apunta a “reducir duplicaciones” y “eficientizar recursos”, pero desde los sectores críticos advierten que detrás de este discurso se esconde una lógica de desmantelamiento del Estado que ignora el rol social y estratégico de muchas de estas instituciones.

El trasfondo ideológico: un Estado reducido a su mínima expresión

El diagnóstico de la administración Milei es tan ideológico como económico. Se insiste en que el crecimiento del Estado desde 1983 fue “descontrolado”, y se presentan cifras que marcan un incremento del 150% en los organismos descentralizados y desconcentrados, con más de 80.000 empleados —casi la mitad de la planta estatal— en estos entes.

Para el Gobierno, esta expansión es sinónimo de ineficiencia, pero para especialistas y gremios, muchas de estas estructuras son clave en áreas como ciencia, salud, cultura, desarrollo social y producción.

El peligro, advierten, no es sólo el número de despidos, sino el vaciamiento progresivo de capacidades estatales en áreas críticas, lo cual tendrá consecuencias a mediano y largo plazo.

Se pone en cuestión, además, la legalidad y la legitimidad del uso intensivo de decretos para tomar decisiones estructurales sin pasar por el Congreso, especialmente en un contexto donde el Ejecutivo actúa contra reloj y con una lógica de shock.

Un conflicto en puerta

Ante este escenario, se espera una respuesta sindical creciente. Desde ATE, UPCN y otras organizaciones ya se convocan asambleas y medidas de fuerza. La amenaza de nuevos despidos masivos en organismos como INTA, ANSES, SENASA, CONICET o ministerios clave podría intensificar el conflicto social y profundizar la crisis política que atraviesa el país.

Lo que está en juego en estas semanas no es solo la continuidad laboral de miles de personas, sino también el modelo de Estado que la Argentina tendrá en las próximas décadas. ¿Es viable un país con un Estado reducido a su mínima expresión? ¿Qué servicios quedarán desmantelados? ¿Quién asumirá las funciones sociales y territoriales que el Estado abandona?

Estas son preguntas que el Gobierno aún no responde, mientras prepara un nuevo golpe de timón que puede dejar un saldo devastador para la administración pública y el tejido social del país.