Expreso Brío en crisis: denuncian más de 200 despidos y crecen las dudas sobre el futuro de la empresa
Los trabajadores afectados se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Trabajo en Rosario y advirtieron sobre una situación que, según sostienen, es el desenlace de un prolongado proceso de deterioro financiero y operativo.
La profunda crisis que atraviesa la empresa de transporte y logística Expreso Brío quedó expuesta esta semana tras la denuncia de más de 200 despidos en distintas sucursales del país.
El conflicto se hizo visible cuando decenas de empleados llegaron a sus puestos de trabajo y encontraron las instalaciones cerradas. Según relataron los trabajadores, un representante de la firma informó quiénes podían ingresar y quiénes quedaban desvinculados, sin brindar explicaciones detalladas sobre los criterios adoptados ni sobre el futuro de la compañía.
Entre los despedidos se encuentran empleados con más de una década de antigüedad, algunos de ellos con hasta veinte años de trayectoria dentro de la empresa. Los afectados aseguran que la medida alcanzó a distintas sucursales del país y que solo en Rosario se contabilizaron alrededor de 60 cesantías.
Detrás de los despidos aparece una crisis que, según los trabajadores, no surgió de manera repentina. Desde hace meses se registraban señales de alarma vinculadas al cierre de sedes, atrasos en los pagos salariales y una reducción progresiva de las operaciones. La empresa, que llegó a tener presencia en numerosas provincias, habría ido achicando su estructura a medida que se profundizaban sus problemas financieros.
La situación adquiere una dimensión aún mayor por el contexto económico nacional. Mientras el Gobierno sostiene que algunos indicadores muestran signos de recuperación y promueve reformas orientadas a dinamizar el mercado laboral, casos como el de Expreso Brío reflejan las dificultades que aún enfrentan numerosos sectores productivos. Para los trabajadores, el escenario evidencia una contradicción entre las expectativas de reactivación y una realidad marcada por ajustes de personal y cierre de actividades.
A las desvinculaciones se suma otro factor que agrava el conflicto: la denuncia por deudas salariales. Los empleados aseguran que la empresa mantiene pendientes pagos correspondientes a los meses de mayo y junio, además de bonos y aguinaldos. Según indicaron, hasta el momento solo han recibido promesas de cancelación sin precisiones concretas sobre fechas o mecanismos de pago.
Otro de los puntos que genera preocupación es la ausencia de información oficial sobre las indemnizaciones. Los trabajadores afirman que los telegramas de despido fueron enviados sin causa y que no recibieron propuestas vinculadas a las compensaciones económicas correspondientes por sus años de servicio.
La falta de respuestas por parte de la conducción empresarial alimentó además sospechas sobre el manejo de la compañía durante los últimos meses. Los empleados sostienen que nunca hubo explicaciones claras sobre la crisis y señalan que existieron versiones sobre la posible incorporación de nuevos inversores o la continuidad de las operaciones bajo otra estructura. Sin embargo, aseguran que esos anuncios nunca se concretaron.
En este contexto, los trabajadores interpretan que la reducción de personal y el cierre progresivo de sucursales podrían formar parte de un proceso de vaciamiento empresarial, una hipótesis que reclaman sea investigada. Mientras tanto, el conflicto suma incertidumbre sobre el destino de cientos de familias afectadas y abre nuevos interrogantes sobre la situación de una firma que durante años ocupó un lugar relevante dentro del sector logístico argentino.
