Denuncian que las empresas de energía con más ganancias avanzan con un ajuste laboral
La cuestión central es clara: ¿a quién protege realmente el Gobierno cuando tolera esta ofensiva empresarial? ¿A los trabajadores y usuarios, o a los intereses corporativos que buscan maximizar sus ganancias a costa del bienestar colectivo? La respuesta determinará si esta “reforma laboral de hecho” sigue avanzando sin freno, o si existe espacio para la defensa activa de los derechos y la calidad del servicio público.
Las empresas energéticas con mayores ganancias avanzan con un ajuste laboral que pone en jaque derechos laborales y la calidad del servicio, en una maniobra que parece contar con el aval tácito del Gobierno. Camuzzi Gas y Secco, dos de las firmas más rentables del sector, protagonizan conflictos que revelan una estrategia común: despedir trabajadores para reemplazarlos por personal con menos derechos y sin indemnizaciones, reduciendo así el “costo laboral” a expensas de los empleados y los usuarios.
En Camuzzi, pese a haber logrado incrementos tarifarios que mejoraron notablemente su rentabilidad, la empresa se niega a atender reclamos sindicales que denuncian salarios por debajo de la inflación, despidos injustificados y un deterioro creciente del servicio.
Los trabajadores, organizados en Stigas, realizaron medidas de fuerza en plantas clave de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, poniendo en evidencia la insuficiencia de personal y la sobrecarga laboral con horas extras. La respuesta de la empresa fue el silencio y la falta de diálogo, intensificando el conflicto y la movilización sindical.
El caso de Secco es aún más grave: la firma despidió a 30 empleados del área de Emergencias en José León Suárez, justo antes de una inundación en Zárate, dejando sin cobertura crítica la atención ante accidentes y catástrofes. Según denuncian desde FeTERA, se trata de una maniobra deliberada para vaciar áreas esenciales y reemplazar personal con contratos precarios, sin pagar indemnizaciones, en una política que combina persecución y precarización.
Lo paradójico es que ambas empresas exhiben un crecimiento financiero sostenido y diversifican sus negocios —emitiendo deuda en dólares o expandiéndose a sectores como la minería y la generación energética—, mientras que su política laboral se torna regresiva. Este fenómeno no puede entenderse sin la complicidad del Estado, que mantiene una postura permisiva ante esta “reforma laboral de hecho”. La administración nacional parece priorizar la señal de estabilidad y rentabilidad al mercado por sobre la defensa de los derechos laborales y la garantía de un servicio público esencial.
Este ajuste no sólo golpea a los trabajadores, sino que también pone en riesgo a los usuarios, quienes enfrentarán una menor capacidad de respuesta ante emergencias y una caída en la calidad del suministro energético. En definitiva, la presión por mayores ganancias de las empresas, avalada por un marco político que permite la flexibilización laboral encubierta, se traduce en un retroceso que amenaza con profundizar la precarización y la inseguridad en un sector clave para la economía y la vida cotidiana.
