Crisis industrial y vaciamiento encubierto: Kimberly-Clark cierra su planta en Pilar y despide a 220 trabajadores

La crisis industrial argentina no es solo una cuestión de números o indicadores. Tiene rostros, nombres, y familias que dependen de decisiones que se toman lejos de sus realidades. Mientras las máquinas se trasladan a San Luis, los trabajadores de Pilar quedan con la incertidumbre, la desilusión y una lucha cuesta arriba por la dignidad laboral.

En un nuevo capítulo de retroceso industrial en la Argentina, la multinacional Kimberly-Clark decidió cerrar de forma abrupta y sin previo aviso su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar, dejando en la calle a 220 trabajadores.

El anuncio fue comunicado mediante telegramas entre el sábado y el lunes, apenas un día después de haber suspendido la actividad alegando tareas de “mantenimiento eléctrico”. Lo que parecía una pausa operativa terminó siendo el preludio de un cierre definitivo que revela, detrás de las palabras corporativas, una lógica de ajuste con consecuencias humanas directas.

La planta de Pilar estaba destinada a la producción de toallitas húmedas y protectores diarios para marcas de uso masivo como Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud. Lejos de tratarse de una empresa en crisis financiera o en retirada del país, Kimberly-Clark argumentó que la medida forma parte de una “estrategia de optimización y crecimiento sostenible”, con el foco puesto en centralizar la producción en su establecimiento en San Luis, donde planean invertir 15 millones de dólares en tres años. Sin embargo, este “crecimiento” implica el cierre de una unidad productiva y el despido de cientos de empleados sin ningún tipo de reubicación, ni propuestas de traslado o reconversión.

Desde el Sindicato de Papeleros, su representante Diego Lijo denunció que la empresa ocultó deliberadamente su intención de cerrar, despidiendo personal mientras alegaba una falsa tarea de mantenimiento. Ante lo que califican como una maniobra desleal y arbitraria, los trabajadores iniciaron acciones administrativas para exigir una audiencia urgente y reclaman la reapertura de la planta o, en su defecto, mejoras en las condiciones de las indemnizaciones. “Para los trabajadores esto es un golpe durísimo”, señaló Lijo, advirtiendo sobre la desprotección laboral que viven frente a decisiones empresariales unilaterales.

Este episodio evidencia una modalidad recurrente en el accionar de grandes empresas multinacionales: una toma de decisiones corporativas amparada en criterios de eficiencia global que no contempla el impacto social ni económico sobre las comunidades locales. La centralización de la producción en San Luis, que se presenta como un “salto cualitativo”, oculta una realidad de ajuste, pérdida de empleos y concentración de recursos. Bajo el argumento de “optimización de la huella operativa”, se despliega una lógica de vaciamiento que relega la responsabilidad social empresaria a un plano meramente decorativo.

Además, el cierre ocurre en un contexto nacional de fuerte recesión industrial, caída del consumo y políticas laborales cada vez más debilitadas. La pasividad del Estado frente a estos procesos de desindustrialización programada y la ausencia de herramientas efectivas para prevenir despidos masivos agravan la situación. Los trabajadores despedidos quedan librados a su suerte, mientras las compañías avanzan con estrategias globales sin rendir cuentas ni asumir consecuencias.

Kimberly-Clark no se retira del país, pero su accionar marca un precedente alarmante: priorizar el negocio sobre el trabajo, el balance financiero sobre el tejido social. Las protestas que se organizan en Pilar no solo buscan revertir una decisión empresarial, sino también visibilizar una problemática mayor: la fragilidad del empleo frente a la lógica impersonal del capital transnacional.