Denuncian maniobras de vaciamiento en Lácteos Verónica: «Estamos frente a una crisis fabricada»

La situación en la planta Clason de Lácteos Verónica, en Santa Fe, expone con crudeza una dinámica que trasciende lo salarial: los trabajadores denuncian una estrategia empresarial deliberada de vaciamiento, mientras reclaman la intervención urgente del gobierno provincial ante lo que consideran una “crisis fabricada”.

Con salarios de mayo impagos, cargas sociales adeudadas y un historial persistente de incumplimientos económicos, el conflicto revela una paradoja alarmante: una empresa que en los últimos cinco años exportó más de 102 millones de dólares, hoy no puede garantizar los sueldos básicos de sus empleados ni mantener operativas sus líneas de producción. ¿Cómo puede explicarse esta contradicción sin abrir paso a la sospecha de una maniobra estructural para evadir responsabilidades?

Los propios trabajadores han puesto en palabras lo que los números sugieren: “No estamos frente a una crisis inevitable, sino frente a una crisis fabricada”. Es una denuncia que va más allá del malestar coyuntural y apunta al corazón de un modelo empresarial que, lejos de buscar la sustentabilidad, parece privilegiar la fuga de recursos, el vaciamiento de activos y la tercerización de ganancias a través de empresas satélite como Las Becerras S.A., del mismo grupo económico.

La planta de Clason, que durante la pandemia llegó a procesar más de un millón de litros de leche diarios, hoy no supera los 200.000. La caída productiva es acompañada por una política de reducción de personal, falta de transparencia contable —ya que la firma dejó de presentar balances públicos— y un silencio empresarial que alimenta la incertidumbre de más de 700 familias distribuidas en Clason, Lehmann y Suardi.

Mientras tanto, el Estado observa, pero aún no actúa con la contundencia que la situación exige. Si bien algunos legisladores provinciales —como Carlos Del Frade, Marcos Corach y Celia Arena— impulsaron pedidos de informe y propusieron mesas de diálogo, la intervención institucional todavía no se traduce en medidas concretas que garanticen los derechos laborales ni la continuidad productiva.

Los trabajadores denuncian que, en paralelo al incumplimiento salarial, se estarían transfiriendo activos —campos, maquinarias, estructuras logísticas— a otras firmas del mismo grupo sin pasivos visibles. Las Becerras S.A., por ejemplo, no presenta conflictos laborales ni deudas, lo que refuerza la hipótesis de un desguace empresarial calculado, con el objetivo de vaciar a Verónica S.A. y derivar rentabilidad a otras unidades controladas por la familia Espiñeira.

Más allá del drama individual de cada familia sin ingresos, lo que está en juego es mucho más: la integridad del tejido productivo regional y la responsabilidad del Estado frente al avance de un modelo que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Los trabajadores lo resumen con claridad: “El Estado ya intervino en situaciones similares. Hoy debe hacerlo de nuevo”.

Frente a este escenario, no alcanza con declaraciones políticas o audiencias de rutina. Hace falta una respuesta política decidida que impida que otra empresa estratégica para la industria láctea termine desmantelada mientras exporta millones y deja en la calle a sus trabajadores. Lo contrario sería validar, por omisión, una práctica empresarial que normaliza el vaciamiento como parte del negocio. Y eso no solo es injusto. Es, también, profundamente destructivo.