Crece la resistencia a la privatización de AYSA: denuncian violación al derecho humano al agua y riesgos sanitarios
La iniciativa denuncia que estas normas representan una violación al derecho humano al agua y consolidan una lógica de mercantilización de un servicio público esencial.
Una amplia red de académicos, organizaciones sociales y especialistas en políticas públicas lanzó una campaña nacional para exigir la derogación de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y N° 494/2025, que habilitan la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) y permiten el corte del suministro por falta de pago.
El comunicado difundido por los impulsores advierte que los decretos modifican la estructura regulatoria para facilitar el ingreso de capitales privados, en línea con la inclusión de AYSA en el listado de empresas a privatizar según la Ley Bases. Para los firmantes, el agua “no puede tratarse como una mercancía”, sino que debe garantizarse bajo criterios de acceso universal, continuidad y calidad mediante gestión pública.
Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de cortar el suministro por falta de pago, algo que especialistas calificaron como “inconstitucional, inhumano e inaceptable”. Recordaron que la Constitución y los tratados internacionales jerarquizados imponen al Estado la obligación de asegurar un mínimo vital de agua potable para toda la población.
Además del cuestionamiento de fondo, las críticas se centran en la forma: los decretos fueron emitidos sin debate legislativo ni consulta pública, en aparente contradicción con el Acuerdo de Escazú y los principios de participación democrática en políticas ambientales. Para los promotores de la campaña, se trata de un avance del mercado sobre bienes comunes estratégicos.
El antecedente histórico refuerza el rechazo: la privatización de Obras Sanitarias de la Nación en los años 90, considerada la mayor del mundo en su rubro, terminó en reestatización tras incumplimientos, desinversión y riesgos sanitarios. “Estamos repitiendo un modelo que fracasó, poniendo en juego la salud pública y la justicia social”, alertan los expertos.
En paralelo, el senador Wado de Pedro (Unión por la Patria) presentó dos proyectos para frenar el avance privatizador y declarar el acceso al agua como derecho humano garantizado por el Estado. “El agua es un recurso natural escaso y estratégico”, sostuvo el legislador, que logró respaldo en su bloque.
La discusión trasciende el plano normativo: ¿puede un servicio vital quedar sujeto a la lógica del lucro en un país donde millones dependen del abastecimiento estatal? La respuesta marcará no solo el futuro de AYSA, sino también los límites de las reformas estructurales que impulsa el gobierno libertario en sectores sensibles.
