Escándalo en OSPRERA: el socio de Martín Menem facturó $120 millones en un mes
La intervención de la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA) por parte del Gobierno libertario sumó un capítulo explosivo: la firma Htech Innovation, controlada por la madre de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem—, facturó casi $120 millones en noviembre de 2024, apenas meses después de haber sido constituida.
El caso desnuda cómo el discurso anticasta choca con prácticas que reproducen viejos vicios de la política argentina.
Htech Innovation fue creada el 8 de abril de 2024, cuando los hermanos Milei ya gobernaban el país, con un objeto social centrado en servicios informáticos. Pero el 18 de julio, apenas tres meses después, amplió su rubro para incluir “consultoría”.
Esta modificación fue la puerta de entrada para que la empresa consiguiera contratos millonarios con la obra social intervenida. De hecho, sus primeras facturas (00001 y 00002) se emitieron en noviembre por conceptos genéricos como “asesoría estratégica” y “servicios profesionales”, por un total superior a $117 millones, según reveló El Disenso.
El vínculo no termina allí: Aguirre no es un desconocido en el círculo de poder libertario. Es socio de Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados y figura clave del armado político de Karina Milei— en la firma TR NUTRITION SRL, dedicada a la venta de suplementos deportivos bajo la marca Trustein. Ahora, impulsado por Menem, Aguirre se convirtió en el “hombre fuerte” dentro de OSPRERA, pese a que formalmente la intervención está a cargo de Marcelo Petroni. “No solo tiene la voz principal en la toma de decisiones, sino que hasta le puso secretaria a Petroni y recibe proveedores en oficinas privadas”, relató una fuente gremial.
Este entramado empresarial y político expone una contradicción central del Gobierno: mientras Milei promete “terminar con la casta”, una de las obras sociales más grandes del país —con millones de aportes obligatorios— se transforma en terreno para negocios personales de dirigentes aliados. Todo ocurre, además, en medio de denuncias por falta de atención médica para los peones rurales, malestar entre empleados y un reordenamiento interno que generó resistencia en la estructura gremial.
El caso también deja preguntas abiertas: ¿qué controles existen sobre los contratos en obras sociales intervenidas? ¿Por qué una empresa sin trayectoria y creada meses antes accede a contratos millonarios? Y sobre todo, ¿hasta qué punto la intervención en OSPRERA responde a un objetivo de saneamiento o a la lógica de reparto entre aliados del poder?
La lupa sobre las obras sociales, un sector históricamente permeable a la corrupción, vuelve a señalar que el cambio prometido por el oficialismo podría estar repitiendo las peores prácticas del pasado.
