8 de mayo de 2026

Crece el uso del monotributo para encubrir empleo en negro en grandes empresas

El trabajo no registrado en Argentina adquiere nuevas formas: cada vez más empresas utilizan el régimen de monotributo para disimular vínculos laborales.

Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sobre datos del INDEC, unos 600.000 trabajadores figuran como monotributistas cuando en realidad son asalariados, lo que representa el 14% del empleo informal asalariado.

Este fenómeno no es homogéneo y revela una segmentación empresarial. En las grandes compañías, donde el nivel de informalidad es bajo, el uso del monotributo como herramienta para eludir cargas laborales se vuelve más sofisticado: el 45% de los trabajadores no registrados en estas empresas factura como si prestara un servicio. En contraste, en pequeñas empresas, la informalidad es masiva pero con escasa utilización de esta modalidad: el 77% del empleo es “en negro”, y solo el 7% factura con monotributo.

“El monotributo se usa para dar apariencia legal a una relación laboral que en los hechos es de dependencia. Lo que la empresa llama ‘contrato con un proveedor’ es, en realidad, trabajo asalariado”, explica el informe de IDESA. Esta práctica implica un ahorro en cargas patronales y en derechos laborales, trasladando al trabajador la obligación de pagar aportes jubilatorios y obra social.

Radiografía del fenómeno

Los datos del cuarto trimestre de 2024 muestran tres escenarios:

►Empresas con menos de 10 trabajadores: 77% del personal no registrado, solo 7% con factura de monotributo.

►Empresas de 10 a 40 trabajadores: 14% en negro, 24% factura con monotributo.

►Empresas con más de 40 trabajadores: 8% en negro, 45% factura con monotributo.

Es decir, mientras las pymes recurren al pago en efectivo sin registro, las grandes empresas apelan a la figura del monotributo para formalizar un vínculo que no reconocen como laboral.

Contexto general

Según la Encuesta Permanente de Hogares, la Población Económicamente Activa en áreas urbanas asciende a 14,4 millones, con 13,3 millones ocupados. De ellos, el 72,7% son asalariados y el 27,3% no asalariados (independientes y profesionales). Entre los asalariados, 3,5 millones no están registrados, lo que equivale al 36,3%.

Dentro de este grupo, 598.500 personas realizan aportes como monotributistas, en muchos casos facturando mensualmente a su empleador. Según Jorge Colina, presidente de IDESA, 14 puntos del 17,1% que integra esta categoría entrega factura cada mes a la misma empresa, lo que confirma la relación de dependencia encubierta.

Implicancias laborales

Este mecanismo plantea un doble problema: precarización del empleo y debilitamiento del sistema previsional, ya que traslada riesgos y costos al trabajador. Además, erosiona la negociación colectiva y reduce derechos como vacaciones, aguinaldo e indemnización.

El fenómeno refleja un cambio en la lógica de la informalidad: del pago “en negro” en efectivo hacia formas híbridas que aparentan legalidad, utilizadas especialmente por empresas con capacidad para estructurar contratos y minimizar riesgos judiciales.

En este escenario, la tensión entre flexibilidad empresarial y protección laboral vuelve al centro del debate, mientras la Argentina discute cómo sostener el empleo formal en un mercado que redefine sus reglas.

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