CGT y empresarios del G6 exigen reactivación de la obra pública y denuncian parálisis estructural

La demanda fue planteada en el marco de la ExpoRural, en un encuentro que expuso tanto el deterioro de la infraestructura como las crecientes tensiones con gobernadores, sectores productivos y el propio sindicalismo.

En un gesto inusual de sintonía entre sindicatos y grandes cámaras empresarias, la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Grupo de los Seis (G6) elevaron un duro reclamo al Gobierno nacional para descongelar fondos retenidos, liberar tarifas y reactivar con urgencia la obra pública, hoy en estado de virtual parálisis.

Con discursos que apelaron al diálogo, pero que también marcaron límites, los representantes del trabajo y el capital coincidieron en denunciar la desconexión entre el ajuste fiscal y el estancamiento de la inversión productiva. Gerardo Martínez, secretario general de UOCRA y uno de los portavoces de la CGT, fue tajante: “El plan económico va a una velocidad y el trabajo y el crecimiento a otra. No se trata de reaccionar con paros, sino de ser escuchados”.

Martínez propuso un pacto entre la producción y el trabajo como marco para recuperar la iniciativa en infraestructura, clave para la generación de empleo formal, calificado y sostenible. En paralelo, advirtió sobre los efectos sociales del congelamiento de fondos y la falta de articulación entre Estado y privados.

Desde el sector empresarial, el reclamo fue igual de enérgico. Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), denunció que existen fondos específicos retenidos sin ejecutar, como los fideicomisos financiados con el impuesto a los combustibles. Estos recursos, destinados legalmente a obras, permanecen congelados mientras el país acumula rutas deterioradas, viviendas inconclusas y proyectos paralizados. La situación, ya expuesta por varios gobernadores en el Senado, representa una bomba de tiempo política, social y económica.

Weiss también cuestionó el modelo de concesión propuesto por el Ejecutivo para privatizar parte de la red vial: “El 75% de los kilómetros bajo control estatal no resultan rentables para la inversión privada. Incluso si avanzan las privatizaciones, la mayoría de las obras necesitará financiamiento público”.

Por su parte, los representantes del G6 —entre ellos Natalio Grinman (Cámara Argentina de Comercio) y Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos)— advirtieron que sin tarifas realistas ni estabilidad jurídica será imposible atraer inversión privada de largo plazo. Reclamaron reglas claras por al menos 10 o 20 años, señalando que el país continúa atado a una lógica de emergencia que bloquea cualquier planificación estratégica.

En conjunto, el reclamo revela una crisis de gestión de la política económica, donde el ajuste monetario y fiscal convive con una parálisis total en áreas vitales como infraestructura, energía y obra pública. Lo que se pide no es meramente presupuesto: es visión de largo plazo, institucionalidad y voluntad política para articular intereses sin destruir el tejido productivo ni el empleo.

La unidad entre CGT y el G6 en este punto no es menor: en un país donde el enfrentamiento entre sindicatos y empresarios suele marcar la agenda, el consenso sobre la necesidad de inversión estatal y reglas claras es un llamado de atención al Gobierno. El problema ya no es ideológico, sino estructural: sin obra pública, no hay empleo formal ni desarrollo económico posible. Y el margen de espera, según lo expresado, se está agotando.