Casa Rosada acelera pactos con gobernadores mientras busca votos clave para un Presupuesto 2026 en riesgo
El encuentro se produjo en plena negociación por el Presupuesto 2026 y por dos reformas sensibles para el oficialismo: la laboral y la tributaria. La presencia de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, subraya la importancia técnica y política del paquete legislativo que el Gobierno pretende aprobar en sesiones extraordinarias.
En un clima de creciente tensión legislativa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli se reunieron este miércoles con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, en la Casa Rosada.
La doble sesión programada para la próxima semana —donde el oficialismo intentará avanzar con el Presupuesto y otras dos leyes clave— obliga al Ejecutivo a tejer acuerdos con gobernadores peronistas dialoguistas y mandatarios de Juntos por el Cambio, cuyo acompañamiento resulta indispensable ante la fragilidad numérica del oficialismo en el Congreso. Jalil y Orrego representan justamente esa zona de intersección política donde la Casa Rosada busca sostener gobernabilidad sin perder la narrativa del ajuste fiscal y la reducción del gasto público.
La reunión también incluyó un punto particularmente sensible: el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa, impulsada por Javier Milei, genera preocupación en sectores ambientales y en algunas provincias cordilleranas ante el riesgo de flexibilizar normas que hoy limitan actividades extractivas en zonas protegidas. Catamarca y San Juan, cuyas economías dependen en parte de la minería, se encuentran en el centro de este debate.
Desde un análisis más amplio, la Casa Rosada se mueve en una delgada línea: necesita mostrar capacidad de negociación federal, pero también sostener un programa económico que prioriza el equilibrio fiscal a costa de tensiones con gobernadores que reclaman previsibilidad y recursos para mantener la actividad regional. La estrategia del Ejecutivo parece orientarse a intercambiar aval legislativo por cierto margen de flexibilidad administrativa y obra pública, aunque sin admitirlo abiertamente para no contradecir su discurso anti-intercambios políticos.
En este escenario, cada gesto adquiere relevancia. Las reuniones en Balcarce 50 muestran que, más allá del tono confrontativo que caracteriza a la comunicación oficial, el Gobierno reconoce que sin acuerdos territoriales su agenda de reformas corre riesgo de naufragar. El desafío será convertir estas conversaciones en votos concretos, en un Congreso que hoy decide el ritmo —y los límites— del proyecto político de Milei.
