Bullrich adelantó su declaración patrimonial y profundizó la tensión interna por el caso Adorni
La decisión de Bullrich, más allá del aspecto administrativo, se transforma así en una señal política que expone las diferencias de criterio sobre cómo enfrentar una crisis de credibilidad antes de que escale y afecte la imagen del oficialismo.
La decisión de Patricia Bullrich de presentar de manera anticipada su declaración jurada patrimonial volvió a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo y aumentó la presión política sobre Manuel Adorni, quien continúa bajo cuestionamientos por la demora en transparentar sus bienes en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción y el Senado, más de un mes antes del plazo establecido, fue interpretada en sectores políticos como un gesto con fuerte carga simbólica. Aunque desde el entorno de Bullrich sostienen que se trata de una práctica habitual vinculada a la “responsabilidad institucional”, el movimiento ocurre en un contexto sensible para el Gobierno y deja al descubierto diferencias sobre cómo administrar el impacto político de la causa que involucra al jefe de Gabinete.
La iniciativa fue acompañada por dirigentes cercanos al espacio libertario, entre ellos el diputado Damián Arabia, en lo que parece ser un intento por enviar una señal pública de transparencia y diferenciarse de la situación que rodea a Adorni. En términos políticos, el gesto también puede leerse como una forma de marcar distancia frente a un conflicto que amenaza con erosionar el discurso anticasta y de ética pública impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Mientras tanto, Adorni sostiene que hacer pública su declaración podría interferir en la investigación judicial que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Sin embargo, la falta de difusión de su patrimonio alimenta cuestionamientos tanto de la oposición como dentro del propio oficialismo, especialmente porque el Ejecutivo había prometido que la documentación sería presentada “en breve”.
El episodio refleja una disputa más profunda dentro del Gobierno: la necesidad de sostener un relato de transparencia en un escenario donde los funcionarios comienzan a quedar bajo mayor escrutinio público y judicial.
