Aumentos desmedidos en las prepagas: el Gobierno busca busca ponerle un tope a los aumentos

El Gobierno decidió intervenir para poner un límite a los continuos aumentos que alteraron gravemente los presupuestos de muchas familias. Las cuotas de la medicina prepaga fueron, en 2024, uno de los rubros que más incrementaron, con subas muy por encima de la inflación, afectando principalmente a los sectores medios y a los jubilados.

En 2024, las prepagas aumentaron sus cuotas un 124%, un ajuste apenas por debajo de la inflación general, que alcanzó el 127,8%. Sin embargo, tras el dato de inflación de enero, que mostró una desaceleración al 2,2%, el Ejecutivo busca frenar los ajustes constantes que realizan las empresas de medicina privada.

Curiosamente, fue el propio gobierno de Javier Milei quien, al poco tiempo de asumir, permitió la liberación de los precios de las prepagas, lo que abrió el camino a estos incrementos, que ahora se intentan regular.

Según fuentes oficiales, el Gobierno está preparando un decreto que limitará los aumentos futuros de las prepagas. La nueva normativa indicaría que los aumentos ya no podrán aplicarse de forma generalizada a todos los afiliados, sino que se deberá discriminar por planes. En particular, se busca que los aumentos para los adultos mayores no superen el triple del valor que se les cobra a los más jóvenes, una medida que podría aliviar a este grupo vulnerable.

A comienzos de 2024, las prepagas anunciaron subas de entre 3% y 3,9%, lo que representa casi el doble del índice de inflación general. Ante este panorama, los representantes del sector justifican los aumentos argumentando que el costo de la salud es superior al promedio de los precios de otros productos y servicios.

Además, el Gobierno ha tomado acciones legales contra algunas de las principales empresas del sector, imputando a las firmas más grandes, como Galeno, Hospital Británico, Swiss Medical, Medifé, Omint y OSDE, por supuesta cartelización, a raíz de la escalada en los precios. La imputación también incluye a la Unión Argentina de Salud (UAS) y a Claudio Belocopitt, uno de los principales referentes del sector.

La Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, anunció que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dará un plazo de 90 días hábiles para que las empresas presenten pruebas en su defensa, y si fuera necesario, este plazo podría extenderse por otros 90 días. En paralelo, la ley de cartelización establece que las prácticas que restrinjan la competencia, como fijar precios de manera concertada o coordinar ofertas, son consideradas ilegales.

El Gobierno había solicitado la intervención de la Justicia para investigar la presunta «cartelización» de las prepagas debido al impacto de sus continuos aumentos, que se produjeron todos los meses de 2024, después de que el presidente Javier Milei decidiera no intervenir en los precios.