ATE acusó a la CNEA de desviar fondos millonarios y advierte sobre un impacto crítico en energía estratégica

Mientras se aguardan explicaciones oficiales sobre el destino de los fondos, la denuncia de ATE pone bajo la lupa la transparencia en el manejo presupuestario y reactiva el debate sobre el impacto de la crisis económica y de gestión en áreas sensibles del Estado, donde el ajuste no solo se mide en números, sino también en derechos laborales y en soberanía energética.

La denuncia presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) expone no solo un presunto desvío multimillonario de fondos públicos, sino también una crisis de gestión con implicancias laborales, productivas y estratégicas para el país.

Según el gremio, más de $3.863 millones asignados a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), en Neuquén, no llegaron a su destino y su paradero es desconocido, lo que dejó a los trabajadores sin cobrar sus salarios y puso en jaque el funcionamiento de la planta.

De acuerdo con la información difundida por ATE, los recursos provenían de una ampliación presupuestaria realizada en diciembre de 2025 y estaban destinados a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), encargada de administrar la PIAP. El objetivo central era cubrir los salarios de diciembre —que debían abonarse a comienzos de enero— y garantizar tareas de mantenimiento y conservación. Sin embargo, el sindicato sostiene que, por decisión del nuevo presidente de la CNEA, Martín Porro, el dinero no fue transferido, abriendo un escenario de incertidumbre que derivó en una denuncia formal y en el anuncio de medidas de fuerza.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al calificar la situación como una “grave irregularidad” y no descartó que se trate de un hecho delictivo. Desde el sindicato remarcan que los fondos tenían una asignación específica y que su posible malversación no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que también compromete la adquisición de insumos y la capacidad operativa de una planta clave para el sistema energético y nuclear argentino.

La decisión de cortar el puente Arroyito, sobre la Ruta Nacional 22, marca una escalada del conflicto que trasciende el reclamo salarial. La PIAP cumple un rol estratégico en la producción de agua pesada, insumo fundamental para el funcionamiento de centrales nucleares, por lo que cualquier interrupción prolongada podría tener consecuencias de mediano plazo en el sector energético.

En paralelo, la denuncia se inscribe en un contexto económico más amplio de tensión social y ajuste sobre el sector público. Aguiar vinculó el conflicto con lo que definió como una “pesadilla económica”, caracterizada por estancamiento productivo, pérdida del poder adquisitivo y deterioro del empleo estatal. En ese marco, el caso de la CNEA aparece como un síntoma de una problemática mayor: la fragilidad financiera y administrativa de organismos clave, en un escenario donde los recortes y las decisiones discrecionales profundizan los conflictos laborales.