Arroyo Salgado exige integrar la Corte Suprema bajo el decreto Kirchner: un llamado urgente a la federalización y la idoneidad
La magistrada de San Isidro sostiene que sería «muy importante que se cumpla» con dicho decreto, el cual establece pautas clave para la selección de los miembros de la Corte Suprema, poniendo especial énfasis en la perspectiva federal y la cuestión de género .
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ha puesto en el centro del debate la composición y la crisis de legitimidad del Poder Judicial argentino, proponiendo una solución que recupera un mandato histórico: la aplicación estricta del decreto 222/2003 promulgado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
El argumento de Arroyo Salgado parte de un diagnóstico crítico sobre la «gran debilidad institucional» que atraviesa el sistema judicial en el país, señalando directamente los «altos índices de corrupción». La jueza no solo se refiere a actos de corrupción en sentido estricto, sino también a la corrupción estructural generada por la «desidia» y la «falta de idoneidad» de los magistrados.
La mención de antecedentes de jueces federales destituidos por vínculos con el narcotráfico en provincias como Salta, Mendoza y Santa Fe sirve como evidencia de esta crisis interna, reforzando la necesidad de que los organismos de control sobre la Justicia actúen con mayor rigor y eficacia.
La urgencia de la perspectiva federal y de género
El punto medular de su propuesta es la necesidad de que la Corte Suprema refleje la diversidad territorial de un país federal. Arroyo Salgado argumenta: “Nuestro país tiene un gobierno federal y realidades muy diversas y su integración debe representar esta particularidad, como así también la cuestión de género y la especialidad técnica”.
La Corte, como máximo tribunal, debe ser un espejo de las realidades regionales, evitando una concentración de poder y perspectivas que ignoren las problemáticas específicas de las provincias. El llamado a la aplicación del decreto Kirchner se interpreta, por tanto, como una exigencia de equilibrio de poderes y una herramienta de descentralización simbólica y real dentro del ámbito judicial.
La Justicia como garantía de los derechos
Finalmente, la magistrada destaca el papel esencial del Poder Judicial en la democracia, que es el de «garantizar» a los ciudadanos que el ejercicio de sus derechos y libertades «no queden a merced del humor del poder político de turno o de la mayor fuerza económica o del más poderoso o del más violento».
En un contexto de alta polarización política y crisis económica, su petición de una Corte independiente, idónea y expedita es un llamado a la estabilidad y al respeto por el Estado de Derecho, señalando la aplicación del decreto 222/2003 como un paso fundamental e impostergable para recuperar la confianza ciudadana en la Justicia.
