Argentina refuerza su estrategia legal en EE. UU. para evitar la entrega de acciones de YPF

El Gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un escrito clave para sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, medida ordenada por la jueza Loretta Preska en el marco del litigio con los fondos Petersen/Eton Park y Bainbridge.

El objetivo es que la interrupción de la ejecución del fallo se mantenga durante todo el proceso de apelación, y no solo por el breve período estipulado actualmente.

El argumento central del descargo radica en que ejecutar la entrega de las acciones antes de que finalice la apelación “causaría un daño irreparable a la República”, dado que una vez transferidas, la reversión sería prácticamente imposible.

Además, el escrito advierte que una decisión de este tipo “podría desatar un conflicto diplomático significativo, con implicancias sensibles en materia de política exterior”, una advertencia que subraya el peso geopolítico del caso.

En sus fundamentos, la defensa argentina sostuvo que la jueza Preska “resolvió una cuestión jurídica contra el criterio del Gobierno de los Estados Unidos y de todos los demás tribunales que han abordado esta misma cuestión”, en línea con el posicionamiento del Departamento de Justicia norteamericano, que también ha cuestionado la interpretación legal adoptada por el tribunal de primera instancia.

Un fallo con consecuencias millonarias
El caso surge de la expropiación parcial de YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de la compañía. Los fondos demandantes alegan que esa operación violó los estatutos societarios y reclaman una indemnización que, con intereses, se calcula en más de 16.000 millones de dólares.

De concretarse la entrega de las acciones, Argentina perdería control sobre activos estratégicos, lo que no solo tendría impacto económico, sino que podría condicionar decisiones en materia energética y de inversión. Por eso, la Procuración del Tesoro remarcó que “el Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”.

Un proceso acelerado, pero incierto

Si bien la Corte de Apelaciones habilitó un cronograma acelerado para la presentación de argumentos, la resolución definitiva podría demorarse varios meses. En este escenario, para Argentina es crucial extender la suspensión, ya que, como señala el escrito, “otorgar la suspensión solo implicaría una demora moderada”, frente al riesgo de un daño irreversible si el fallo se ejecuta antes del análisis de fondo.

Este litigio no solo es una disputa legal: se ha transformado en una prueba de fuego para la política exterior argentina, que busca evitar que una decisión judicial en EE. UU. comprometa su soberanía y su capacidad de negociación futura.