El Gobierno habilita la privatización total de AySA: un giro estructural con riesgos para el acceso al agua
La medida implica la venta del 90% de las acciones que el Estado posee en la compañía, con un argumento central: AySA es deficitaria y el sector privado —según el Ejecutivo— garantizaría eficiencia y sostenibilidad.
En una decisión que marca un punto de inflexión en la gestión de los servicios públicos, el Gobierno nacional autorizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante el Decreto 494/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
El plan se ejecutará en dos etapas: primero, una licitación nacional e internacional para vender al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico; luego, el remanente será ofrecido en bolsas y mercados del país. El decreto aclara que no habrá un Programa de Propiedad Participada, lo que excluye la posibilidad de que los trabajadores accedan a acciones, a diferencia de privatizaciones previas.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y se compromete a que el proceso “no afecte la continuidad de la prestación del servicio”. Sin embargo, el nuevo marco regulatorio —que habilitó la venta de acciones— también introduce un cambio sustancial: permite el corte del servicio por falta de pago, un aspecto que hasta ahora estaba restringido para garantizar el acceso universal al agua.
Los argumentos oficiales y la deuda histórica
En los considerandos, el Ejecutivo describe a AySA como una empresa crónicamente deficitaria: entre 2006 y 2023, recibió US$13.400 millones en transferencias del Tesoro, sin lograr revertir la baja productividad ni el incremento de costos operativos. “La intervención estatal no ha dado los resultados esperados”, afirma el decreto, al sostener que las inversiones necesarias para modernizar la red “exceden las posibilidades financieras” de la empresa.
El Gobierno plantea que la entrada de capital privado “contribuirá a mejorar la prestación del servicio”, especialmente en el Área Metropolitana, donde la infraestructura muestra signos de saturación. Pero la lógica de la eficiencia empresarial abre un interrogante clave: ¿puede garantizarse el acceso al agua potable en un esquema donde la rentabilidad se convierte en condición central?
El impacto social y político: ¿una segunda ola privatizadora?
La decisión se inscribe en un contexto de reformas estructurales impulsadas por el oficialismo, con un sesgo que remite a la lógica privatizadora de los años 90. El agua, sin embargo, no es un servicio más: se trata de un derecho humano reconocido por la ONU y protegido en legislaciones internacionales. Por eso, el cambio de paradigma genera inquietud sobre la posible exclusión de sectores vulnerables ante la flexibilización del marco regulatorio.
Además, la medida plantea una pregunta de fondo: ¿es la privatización la solución estructural a los déficits de gestión, o una transferencia de un monopolio público a un oligopolio privado que priorizará ganancias por sobre la universalidad del servicio? El tiempo —y la reacción social— dirán si este giro estratégico representa una modernización real o un retroceso en términos de equidad.
