ARBA cuestiona el plan de blanqueo del Gobierno y advierte sobre su falta de sustento legal
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) expresó fuertes reparos frente al nuevo plan anunciado por el Gobierno nacional para incentivar el ingreso de dólares no declarados al sistema formal, y advirtió que continuará aplicando los controles habituales mientras no existan normas concretas que respalden la propuesta.
El director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, calificó el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos como una medida “sin sustento normativo” y con “falta de seguridad jurídica”.
Desde su perspectiva, más que una política tributaria consistente, se trata de una estrategia de corte electoralista que busca paliar la dificultad oficial para acumular reservas en medio de la liquidación de la cosecha gruesa.
Blanqueo encubierto y vacío legal
Girard fue categórico al advertir que la iniciativa representa en realidad un blanqueo encubierto, destinado a legitimar fondos no declarados sin establecer límites claros ni garantías jurídicas para los contribuyentes.
“No hay ninguna certeza sobre los efectos retroactivos, ni sobre el alcance real del régimen”, señaló. Esto, explicó, deja a los ciudadanos “en un limbo legal”, ya que la normativa penal tributaria y de prevención del lavado sigue vigente, lo que podría generar conflictos en caso de que se detecte el uso de fondos de origen ilícito.
En este contexto, remarcó que ARBA no modificará sus procedimientos, dado que los impuestos provinciales no están alcanzados por el anuncio nacional y no hay una ley del Congreso que respalde el esquema. “Seguiremos trabajando con normalidad y controlando como hasta ahora”, aseguró.
Críticas al desfinanciamiento y a la pasividad oficial
Girard también cuestionó de manera implícita la decisión del Gobierno nacional de suspender ciertos regímenes de información fiscal, y sugirió que esto puede favorecer la evasión impositiva. “Lo único concreto es que la AFIP deja de controlar. Es preocupante la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”, expresó.
Desde la perspectiva del titular de ARBA, el plan debilita el sistema fiscal al no discriminar entre ahorristas legítimos y evasores, lo que pone en riesgo los recursos necesarios para sostener políticas públicas en las provincias. “Vamos a seguir garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley. La justicia fiscal no se negocia”, concluyó.
Un nuevo capítulo en la tensión Nación–Provincia
Este pronunciamiento de ARBA marca un nuevo capítulo en las fricciones entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, donde las diferencias respecto al modelo de recaudación, el rol del Estado y la equidad fiscal se han profundizado en los últimos meses.
La decisión de sostener los controles en la provincia contrasta con el enfoque más laxo que promueve la Nación y pone en evidencia la falta de coordinación y consenso en el diseño del sistema tributario argentino, en un contexto de alta fragilidad económica y tensión política.
