Alerta en el sistema universitario: advierten que la crisis salarial compromete el inicio de clases
La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) advirtió que la combinación de deterioro salarial y recorte presupuestario está comprometiendo seriamente el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país. Según sostienen, la situación actual impide el desarrollo normal de las actividades académicas en las 60 casas de altos estudios.
En ese marco, el gremio ratificó la realización de un paro de 24 horas previsto para el 31 de marzo, en coordinación con la FATUN, profundizando un plan de acción que incluye medidas de visibilización del conflicto y reclamos sostenidos en el tiempo.
La organización sindical viene señalando que los salarios del sector acumulan 16 meses consecutivos de pérdida real, con una caída que, según sus estimaciones, requeriría un incremento cercano al 48,7% para recuperar los niveles de noviembre de 2023. A esto se suma una reducción presupuestaria del 36,1% en los últimos tres años, un dato que el gremio interpreta como equivalente a un año completo sin financiamiento para el sistema universitario.
Más allá de la protesta, el conflicto expone un problema estructural: la tensión entre el sostenimiento de la educación superior pública y la disponibilidad de recursos en un contexto económico restrictivo. La continuidad de las actividades académicas comienza a verse condicionada no solo por decisiones gremiales, sino por limitaciones materiales que afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
En paralelo, FEDUN anticipó su participación en instancias de diálogo institucional, como el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde buscará impulsar una declaración conjunta junto a otros actores del sistema universitario, incluyendo la Federación Universitaria Argentina (FUA), con el objetivo de visibilizar la magnitud de la crisis.
El gremio también ratificó la continuidad de acciones públicas, tanto en el plano educativo como en el social y político, incluyendo su participación en actividades vinculadas a derechos humanos y expresiones de rechazo frente a decisiones gubernamentales que, según plantean, impactan de manera indirecta en el sistema universitario.
En su posicionamiento final, la federación sintetiza el núcleo del conflicto en una ecuación que hoy aparece en disputa: la relación entre calidad educativa y condiciones laborales. En ese sentido, advierten que sin recomposición salarial ni financiamiento adecuado, el normal funcionamiento de la universidad pública queda seriamente comprometido, trasladando la discusión desde el ámbito gremial hacia un problema de alcance institucional más amplio.
