Alerta en América Latina por el aumento de ciberpatrullajes y perfilamientos en línea que amenazan la libertad de expresión
América Latina enfrenta una creciente tendencia en prácticas de vigilancia digital que pone en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, en particular la libertad de expresión y la privacidad, según un informe reciente de Derechos Digitales.
En los últimos años, diversos gobiernos de la región han adoptado métodos cada vez más sofisticados y automatizados para monitorear y perseguir a quienes expresan sus opiniones en Internet. Entre las prácticas denunciadas se encuentran el ciberpatrullaje, los perfilamientos en línea y el uso de inteligencia artificial, que en muchos casos operan sin límites claros ni controles efectivos.
Casos emblemáticos ilustran la gravedad de esta tendencia. En Argentina, un joven fue judicializado por comentarios en la red social X; en Río de Janeiro, miles de asistentes a conciertos de Madonna fueron objeto de vigilancia intensiva por parte de la policía; en Colombia, activistas y periodistas son perfilados como opositores o simpatizantes por las autoridades; y en México, personas críticas al Ejército son engañadas mediante perfiles falsos en redes sociales utilizados por agentes encubiertos para recopilar información.
El informe de Derechos Digitales advierte que estas prácticas, que incluyen la recopilación de datos biométricos, escuchas telefónicas, reconocimiento facial y ahora el monitoreo masivo y automatizado del discurso en línea, representan una amenaza significativa para los espacios de debate público en entornos digitales. La coordinadora de Políticas Públicas de la organización, Lucía Camacho, explicó que el ciberpatrullaje, si bien se presenta como una herramienta para prevenir delitos, en la práctica se ha convertido en un mecanismo de vigilancia encubierta, que disuade a la ciudadanía de expresarse libremente por miedo a represalias.
Este tipo de vigilancia se apoya en técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y de redes sociales (SOCMINT), con un creciente respaldo en tecnologías de inteligencia artificial, que interpretan automáticamente todo lo que se publica en línea como información pública susceptible de ser utilizada por el Estado. La opacidad en su implementación y la ausencia de marcos normativos claros permiten que estas prácticas se lleven a cabo sin garantías jurídicas, a menudo derivando en procesos judiciales y privaciones de libertad.
El informe también alerta que la falta de regulación y control sobre el alcance del ciberpatrullaje deja a los ciudadanos vulnerables a la vigilancia masiva y a la persecución política, especialmente en democracias frágiles. La iniciativa busca fortalecer la discusión sobre la protección de los derechos en la era digital y propone recomendaciones para que los Estados establezcan límites claros y mecanismos de supervisión frente a estas prácticas.
Este análisis forma parte de una consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre tecnologías de vigilancia y derechos humanos, y llama a los gobiernos de la región a reflexionar sobre el uso de estas herramientas y su impacto en la libertad de expresión y la protección de datos personales.
